A pesar de que el pasado mes de octubre, el ministro británico de Empresa, Peter Mandelson, advirtió que se desconectaría a los internautas que descargaran contenidos en redes de intercambio P2P, un informe de la BPI, el organismo que representa a la discográficas británicas, confirma que el uso de este tipo de programas no ha descendido.
La BPI indica que el 23 por ciento de los consumidores admitió utilizar redes P2P para descargarse archivos, el mismo porcentaje que hace 10 meses. Este dato refleja como la persecución y criminalización del internauta no sirve para nada. La única solución puede ofrecerla la industria lanzando contenidos de calidad a precios muy asequibles, lógicamente si intentan trasladar el coste de un CD a Internet ningún usuario lo paga.
El P2P no baja pero tampoco sube
El informe constata que aunque las descargas P2P son la vía principal de intercambio de archivos, se trata de una práctica que se ha estancado, ya que las personas que no quieren pagar por la música que escuchan han encontrado otras vías «legales» para la industria. «El llamado cyberlocking (páginas web que permiten almacenar y descargar todo tipo de archivos digitales, legal e ilegalmente) es un problema muy real, que ha crecido de manera brusca en los últimos seis meses y que se espera que siga creciendo significativamente», afirmó la industria discográfica británica en su estudio.
En España las sociedades de gestión de derechos de autor han solicitado al Gobierno «que aplique una ley valiente contra las descargas inspirada en países como Francia o Reino Unido». En este momento, la Coalición de los Lobbys está presionando al ejecutivo para que no dé marcha atrás en su anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que crea una policía para Internet permitiendo el bloqueo de páginas web sin orden judicial.
Bruselas a favor de las desconexiones
El Parlamento Europeo ha suprimido una enmienda que exigía la intervención judicial para cortar la conexión a un internauta. De este modo, acepta que cualquier país pueda desconectar el servicio a un usuario que descargue contenidos protegidos en P2P. Este parece ser el camino que pretende seguir la SGAE y compañía.