El nuevo proyecto de ley francés ha suavizado las sanciones. Las multas que contempla industria son de 1500 a 3750 euros y los internautas sólo podrán ser desconectados cuando un juez lo ordene.
Hasta ahora, los internautas se arriesgaban a multas de hasta 20.000 euros y dos años de prisión. Hemos querido suavizar la sanción», explica Michel Thiollière, el senador responsable del texto. Ha presentado 15 enmiendas al proyecto legislativo bautizado como Hadopi 2 que han sido aceptadas por el Gobierno.
Con la nueva propuesta, serán los jueces quien decidan las sanciones y no la Alta Autoridad Administrativa que dependía de las sociedades de gestión de derechos de autor.
Ahora la Hadopi será la encargada de enviar al internauta que descargue contenidos en redes de intercamvio P2P un email advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá desconectar el servicio del usuario porque el Consejo consitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello.
Sanciones más suaves
Otra de las enmiendas propuesta prevé una multa si el usuario permite a un tercero utilizar su conexión para realizar descargas ilegales. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y «eventualmente» verse privado de su acceso a la red durante un máximo de un mes.