Francia aprueba la ley contra el P2P en la que parece inspirarse González Sinde

La Asamblea Nacional francesa aprobó hoy con 296 votos a favor y 233 en contra la ley contra el P2P que desconecta a los usuarios que descargan contenidos en redes de intercambio. El Gobierno español ha reconocido en varias ocasiones que estaban estudiando la normativa francesa.

El próximo miércoles será definitivamente aprobada con el voto del Senado y, de recibir el visto bueno del Consejo constitucional, la ley podría entrar en vigor en octubre. Los internautas que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor serán advertidos y si continúan serán desconectados. No podrán cambiar de operador de telecomunicaciones y además tendrán que seguir pagando la factura de Internet.

Una Alta Autoridad para la difusión de obras y protección de los derechos en Internet (Hadopi, según sus siglas en francés) será la encargada de aplicar una "respuesta gradual" a los internautas que realicen estas descargas ilegales.

El Gobierno español se plantea medidas similares

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, confirmó el pasado verano que estaban estudiando con gran interés el modelo francés que protege a los autores. Ros afirmó que Internet es imparable y tienen que cambiar los modelos de negocio de los autores. Puso como ejemplo la llegada de la imprenta que terminó con los trovadores, pero que sobrevivieron aquellos que optaron por escribir sus coplas.

Angeles González Sinde también ha reconocido públicamente que "había que desconectar a los usuarios que realizaban descargas ilegales". Como ministra de cultura de momento no se ha pronunciado al respecto pero es evidente que favorecerá a los autores.

La SGAE quiere se desconecte a los usuarios. Los operadores se ponen

La Coalición formada por las principales sociedades de gestión de derechos de autor quiere que se desconecte a los usuarios españoles más intensivos (aproximadamente 60.000). También pretenden que se bloquee a las páginas web con enlaces P2P. Por otro lado, los operadores se oponen a esta medida pero proponen que se sancione económicamente a los usuarios que descargan contenidos ilegales.

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