Ciudadanos, profesionales, sindicatos.. contra el canon

Ciudadanos, profesionales, sindicatos.. contra el canon

Javier Sanz

Según fuentes de Anei, la Asociación Nacional de Empresas de Internet, ésta, junto a 11 asociaciones profesionales más, se unen en la protesta contra el canon digital que pretende imponer el ejecutivo. En especial estas asociaciones rechazan frontalmente que fabricantes de soportes, equipos o gestores de redes de telecomunicaciones sean corresponsables de los contenidos que se almacenen o circulen por ellas.

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Internautas (AI), la Confederación de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Comisiones Obreras (CC.OO.), la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL), la Asociación Música en Internet (AMI), la Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) muestran su rechazo al establecimiento de cualquier canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o tecnologías, a la vez que defienden la utilización de los sistemas digitales de control ya existentes para gestionar los derechos de autor.

Es un hecho contrastable que los avances tecnológicos inducidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son uno de los elementos que más han contribuido a mejorar el nivel de vida y el bienestar de la sociedad actual, tal como expresaron los mandatarios de 120 países reunidos en Ginebra, en diciembre de 2003, con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

El uso de las TIC por ciudadanos y empresas es una de las claves para permitir el acceso a la cultura, a la calidad de vida y a configurar una economía competitiva en las sociedades modernas.

Las nuevas redes y servicios de telecomunicación, basados en la tecnología digital, han propiciado un cambio en el entorno al que es preciso adaptar los procedimientos anteriores de protección de los derechos de autor. La tecnología digital permite la gestión directa de los derechos de propiedad intelectual y la existencia de sistemas de protección contra la realización de copias ilegales. La evolución del mundo analógico al digital permite, además, la gestión de los derechos de autor a través de métodos distintos al “canon”, como son los TPMs y DRMs (Technological Protection Measures y Digital Rights Management).

Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los tradicionales. Un “canon” no debe proteger un canal frente a otro. El “canon” no soluciona el problema de fondo y legitima la actividad ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así, la imposición de un “canon” en las líneas de banda ancha daría apariencia de legalidad a una actividad que ahora es etiquetada como ilegal.

Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos como para los que están libres de ellos. Por tanto, si se grava de forma indiscriminada, se penaliza a todos los usuarios.

Según el comunicado hecho público por estas asociaciones «La existencia de un “canon” sobre los elementos mencionados introduciría una múltiple imposición, ya que se pagarían derechos por comprar o adquirir contenidos, se volverían a pagar por el hecho de almacenarlos en un dispositivo y por moverlos a través de una red de telecomunicaciones.»

Para el conjunto del sector empresarial de las TIC, El “canon” no erradica en ningún caso, las actividades vulneradoras de los derechos de autor -la piratería o el top manta-, e incentiva el fraude por los beneficios que supone hurtar su pago.» Según esto, este «impuesto», mermaría la competitividad de las empresas españolas frente a sus homólogos en otros países, y la definitiva imposición de éste, podría derivar en que muchas empresas, en especial los ISP, decidan finalmente trasladar sus empresas a otros países, como Andorra o Gibraltar, por no ir más lejos, a países de Latino América o a los mismos Estados Unidos.

El considerable retraso de la penetración de la sociedad de la información en España, respecto a otros países europeos, podría verse nuevamente retraída por una iniciativa como esta y es tiste que «nos estemos gastando», millones de euros del erario público para promocionar la utilización del las TIC, para cercenar su desarrollo con un anacrónico e injusto “canon”, que daría al traste con este esfuerzo colectivo.

Si bien, las organizaciones que firman el comunicado hecho público hoy, manifiestan su total respeto al derecho a la propiedad intelectual y a los derechos de los autores de contenido, no creen que con esta medida, se vaya a resolver o a paliar la piratería y en este caso, puede «ser peor el remedio que la enfermedad»… ¿De que sirve combatir un «cáncer», con terapias tan agresivas, que dejen sin vida el resto del cuerpo?

Fdo. Roberto R. Cerrada

www.RobertoCerrada.com