Por primera vez un juez obliga a desconectar a un usuario español por descargar a través de P2P

Las descargas a través de redes P2P vuelven a ser noticia en nuestro país. A pesar de que no existe una legislación explícita para perseguirlas en España si se dan sin ánimo de lucro, un juez ha ordenado al operador R que impida el acceso a uno de sus usuarios por compartir contenidos por esta vía.

La Audiencia Provincial de Barcelona protagoniza la primera gran noticia del año en España en referencia a las descargas y a la presunta «piratería». En lo que ya se puede considerar una sentencia histórica, ha obligado a un operador de banda ancha a la desconexión de uno de sus usuarios por compartir archivos mediante redes peer to peer, aludiendo a una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual.

En la información publicada en exclusiva por Expansión se dan los primeros detalles de la orden judicial remitida al operador R para dejar sin acceso a Internet a un usuario con el nick nito75. Uno de los datos más sorprendentes de la noticia es que la orden se ha producido sin que existan pruebas de que dicho internauta haya compartido archivos musicales con ánimo de lucro.

La decisión judicial llega tras una denuncia presentada por la industria discográfica de nuestro país, representada por Promusicae y las compañías Sony, Universal, Warner y EMI. Si bien en un primer momento se desestimaron sus pretensiones, las compañías consiguieron su objetivo tras presentar un recurso aludiendo al artículo 138 de la LPI.

En éste se abre la puerta a que los demandantes puedan dirigir su solicitud de «cese de una actividad ilícita contra los intermediarios a cuyos servicios recurre la infractora aunque los actos de éstos no constituyan en sí mismos una infracción». Asimismo, pese a que no existe ánimo de lucro, también la decisión judicial también se escuda en la LPI para señalar la ilegalidad en «el mero hecho de compartir de forma masiva y sin permiso archivos musicales protegidos».

De este modo, se vienen a cumplir los peores temores de la comunidad internauta española a la par que se complacen las demandas de la industria cultural y del entretenimiento. A pesar de que el actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert, afirmó que los usuarios de P2P no serían perseguidos en nuestro país, esta decisión judicial rompe con su promesa. Veremos hasta qué punto acaba sentando jurisprudencia y si la industria comienza su deseada cruzada en España contra el intercambio de archivos vía P2P en forma de denuncias a todo el que descargue mediante estas redes.