La Asociación de Internautas tendrá que pagar a la industria cultural por impugnar la Ley Sinde

La impugnación del reglamento de la Ley Sinde le saldrá cara a la Asociación de Internautas. Según ha confirmado ésta, el Tribunal Supremo ya le ha notificado las cuentas de los abogados de asociaciones que participaron voluntariamente en el pleito, algunas de las mismas relacionadas con la industria cultural, para que les indemnice con concepto de costas judiciales.

A mediados del pasado año el Tribunal Supremo tumbaba la impugnación al reglamento de la polémica Ley Sinde llevado a cabo por la Asociación de Internautas y la Red de Empresas de Internet (REI). De este modo, el TS desestimaba el intento de acabar con una ley muy criticada entre los internautas desde sus primeros borradores.

Al margen de desestimar esta impugnación, el tribunal impuso en su sentencia a la AI las costas del procedimiento judicial. Sin embargo, no solo incluyó en éstas las generadas por los representantes legales de la Administración Pública, sino que también aquellas referidas a las asociaciones que voluntariamente se personaron como «interesadas en el pleito«.

A pesar de que la sentencia no es firme dada la decisión de la AI fue recurrir en ampara al Tribunal Constitucional, el TS ya le ha notificado las cuentas de abogados y procuradores de dichas asociaciones. Entre éstas están asociaciones de la industria cultural y del entretenimiento como el caso de la Coalición de Creadores, el conocido grupo de presión de este sector y al que tendrá que indemnizar con más de 2.200 euros por el procedimiento. En total, sumados al resto de asociaciones y a las costas del Abogado del Estado (4.000 euros), la asociación presidida por Víctor Domingo tendrá que hacer frente al pago de 10.418 euros.

Dicha notificación ha sentado como un jarro de agua fría para la AI. «Entendemos que debería ser un derecho general de la ciudadanía el poder impugnar en vía judicial todas las normas que apruebe el Gobierno y que se considere que pueden ser ilegales», explican. Si bien reconocen lógico «asumir el coste del Abogado del Estado, no los gastos de los abogados de los particulares que se quieran personar simplemente para saber cómo se tramita».

La AI denuncia que de continuar esta tendencia, «se convertiría en un auténtico negocio para muchos». «Tener que pagarles el capricho de personarse en un pleito a los intervinientes voluntarios, no es un abuso, es una locura«, señala a la par que recuerda que el propio TS entendía hasta ahora que esos «adheridos» no son necesarios para la tramitación judicial y por tanto deben asumir sus propias costas.