Se estrecha el cerco sobre las empresas y operadores que acosan por teléfono

Se estrecha el cerco sobre las empresas y operadores que acosan por teléfono

Redacción

Acosar a los consumidores a través del teléfono para venderles ofertas comerciales puede salir muy caro a partir de ahora en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado el Gobierno regional, que apunta a severas sanciones contra las actuaciones comerciales que infrinjan la reformada Ley de Protección de los Consumidores.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha anunciado las medidas que se incluirán en la esperada reforma para penalizar determinadas prácticas comerciales. El objetivo es erradicar actuaciones que habitualmente son objetivo de las reclamaciones de los usuarios y para ello se endurecerán las sanciones económicas a las empresas.

El acoso a los usuarios de telefonía móvil y ADSL por parte de los operadores será una de las prácticas a borrar del mapa. Recordemos que multitud de quejas por parte de los consumidores se deben a este motivo, ya que a veces no solo reclaman por recibir llamadas no deseadas sino por la contratación de ofertas en condiciones fraudulentas a través de estas llamadas.

Servicios defectuosos en los trabajos de asistencia técnica, no disponer de piezas de repuesto o las cláusulas abusivas en los contratos serán otras de las actividades para las que se prevén fuertes sanciones. En función de la gravedad del incumplimiento la multa puede ser de hasta 600.000 euros.

De este modo se espera que se aumente la protección a los derechos de los ciudadanos a la vez que se incorporan propuestas de resolución de conflictos en los que la Administración se sitúe como mediadora. En este papel, la Comunidad podrá llegar a acuerdos con grandes compañías en casos de un alto número de reclamaciones contra las mismas por situaciones similares como sucede precisamente con los operadores de telefonía y banda ancha.

Esperemos que esta persecución a las prácticas abusivas se extienda pronto por el resto de comunidades autónomas del país para que los derechos de los consumidores se respeten de una vez por todas y no haya que sufrir molestas llamadas no solicitadas entre otros abusos.