Las operadoras podrán desplegar fibra sin permiso de las comunidades de vecinos
El Consejo de Ministros enviará a las Cortes Generales el Proyecto de la nueva Ley general de telecomunicaciones, que actualiza la normativa vigente para adaptarla a los tiempos que corren y la realidad de un sector en constante evolución. Uno de los aspectos claves, crucial para el despliegue de la fibra óptica, es la eliminación de la necesidad de contar con el permiso de la comunidad de vecinos para cablear.
Hasta ahora, las comunidades de vecinos podían negarse a la instalación de fibra óptica en el edificio. En este artículo de marzo, os contábamos las rocambolescas razones de las comunidades de vecinos para rechazar la fibra de Movistar, donde el presidente de ese inmueble quería imponer una serie de cláusulas adicionales contra Movistar, lo que finalmente impidió el cableado. Como este caso existen muchos más y según datos de Orange, en 2010, el 80% de las comunidades había rechazado la instalación de fibra óptica.
Conscientes del disparate que suponía esto y de las crecientes necesidades de la sociedad por contar con conexiones más veloces, el Gobierno ha impulsado una reforma de la Ley general de telecomunicaciones que entre otras cosas permite a las operadoras el despliegue de fibra óptica sin necesidad de contar con el consentimiento de la comunidad de vecinos. Esto supone un paso importantísimo para la popularización de esta tecnología, ya que las comunidades eran un escollo muy importante y a veces, insalvable.
Además, las operadoras ya no necesitarán obtener un permiso de las autoridades públicas para realizar un despliegue de fibra óptica en la calle, en su lugar, se sustituye por una declaración responsable de la operadora. Todas las operadoras y los organismos públicos, tienen la obligación de ceder sus infraestructuras para colaborar en el despliegue de este tipo de redes.
Por último, remarcar que la ley define un marco único que aplica a todo el territorio nacional. La idea recuperar la unidad de mercado, donde todas las operadoras desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas. De esta forma, se diseñan nuevos mecanismos de coordinación entre administraciones y se eliminan las barreras normativas que imponen las distintas administraciones.