El Tribunal Supremo respalda la Ley Sinde

El Tribunal Supremo respalda la Ley Sinde

Redacción

Vía libre en lo judicial para la mayor parte del reglamento de la Ley Sinde. La norma antipiratería impulsada tanto desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como desde el de Mariano Rajoy ha recibido el respaldo del Tribunal Supremo a través de su última sentencia.

Es legal que un órgano administrativo tenga el poder de retirar contenidos de la Red como los enlaces y bloquear el acceso a las páginas web. Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en su sentencia, con la que ha respondido al recurso interpuesto el pasado año por la Red de Empresas de Internet (REI).

El juez ha decidido no admitir prácticamente ninguna de las demandas de las empresas representadas en esta organización, aunque sí lo ha hecho reconociendo la nulidad de un precepto referido al funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual por ser contrario a derecho. En el artículo se hace referencia a la acción de retirar un contenido supuestamente vulnerador, aunque sea de forma voluntaria, y la valoración automática de este comportamiento como "un reconocimiento implícito de la referida vulneración".

De este modo, retirar un enlace de un sitio web tras recibir la petición de la Comisión podía implicar que el responsable de ese sitio web reconocía que vulneraba un derecho de propiedad intelectual. Como leemos en elmundo.es, la importancia de esta nulidad es grande según el abogado del caso, Javier Maestre. "Tal y como estaba redactado el reglamento, si enlazabas un vídeo de YouTube en tu sitio, recibías una advertencia de la Comisión de la Propiedad Intelectual y por miedo lo borrabas, lo que estabas era admitiendo la ilegalidad del enlace, y eso podía ser utilizado en otras vías como la Civil", explica el letrado.

En cualquier caso, es la única victoria logrado por el recurso de REI (en el caso del presentado por la Asociación de Internautas ha sido rechazado en su totalidad), ya que el TS da legitimidad a la polémica ley. "Es cierto que están en juego derechos fundamentales, pero eso no impide la intervención administrativa, pues en no pocos ámbitos sectoriales de la actividad administrativa también se encuentran afectados o comprometidos derechos fundamentales", recalca.

Así pues, parece que no será la vía legal la que acabe con esta controvertida norma. Eso sí, hasta el momento se ha demostrado prácticamente inútil y veremos cómo actúa el Gobierno para atajar una realidad que la ley, por mucho respaldo que reciba del TS, es ineficaz hasta el extremo.