El Gobierno recorta las ayudas a la oferta legal mientras endurece su ley contra la piratería

La apuesta del Gobierno por fortalecer la llamada oferta legal de contenidos en Internet vuelve a quedar en entredicho. Así lo demuestra el último y drástico recorte en el presupuesto destinado a fomentar estos proyectos, que ha pasado de ser de 5,3 millones de euros a 2,3 millones.

Nueva muestra del doble discurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hace unas semanas, a la par que se filtraba el polémico borrador de la Ley Lassalle, anunciaba que reforzaría su compromiso con la oferta legal en la Red de la industria cultural y del entretenimiento. Un mes después conocemos el tijeretazo dado por la Secretaría de Estado de Cultura al presupuesto para proyectos que incrementen estos contenidos.

Si en 2011 fue de 5,6 millones de euros, un año más tarde apenas se vería reducido (5,3 millones). El gran recorte ha llegado en 2013, con una cifra de 2,3 millones de euros con los cuales pretende «subvencionar hasta el 70% del coste de realización de proyectos culturales que incrementen la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet». Sectores como el cinematográfico, musical, televisivo, artes escénicas, patrimonio cultural, radiofónico, videojuegos, prensa, editorial o diseño gráfico serán los beneficiarios de estas ayudas, cuya condición para recibirlas es su desarrollo entre este año 2013 y marzo de 2014.

La noticia, si bien no es una sorpresa dada la política de recortes en el gasto que está aplicando el actual Gobierno, sí llama la atención dado el discurso de supuesto apoyo y promoción a un sector incapaz de dar el salto definitivo a Internet. Asimismo, coincide con la última vuelta de tuerca dada en materia de propiedad intelectual en la Red por parte del Ejecutivo con la citada Ley Lassalle.

Su objetivo pasa por estrechar el cerco a las webs de enlaces facilitando su cierre por parte de la Comisión de Propiedad Intelctual. A su vez, pretende proteger a la industria y a los autores con su nueva definición del concepto de copia privada, aunque esto también es visto como un primer paso a la hora de perseguir el P2P en un futuro.

Sin embargo, este recorte no parece demasiado acorde con el discurso que ha mantenido en los últimos meses. Todo parecía indicar que daría un espaldarazo a la industria en forma de ayuda económica, pero su propuesta parece pasar únicamente por legislar al dictado de la misma en materia de «piratería«. Para lo demás, será el propio sector el que tenga que apañárselas a la hora de trasladar sus contenidos a Internet y fomentar su propia oferta legal, algo lógico por otro lado si tenemos en cuenta que se trata de un negocio privado. Vista la calma con que lo está haciendo y el último tijeretazo, todo apunta a que aún falta mucho para encontrarnos con portales que satisfagan las necesidades de los usuarios.