Los continuos contratos fraudulentos y las cláusulas abusivas que se incluyen en algunos casos en los acuerdos entre usuarios y compañías han llevado al Gobierno a plantearse la posibilidad de prohibir la contratación de servicios como el ADSL o el móvil vía telefónica.
A través de Orbyt de Expansión hemos conocido una llamativa medida que se estaría planteando el Ejecutivo. En los últimos años hemos visto cómo ha proliferado la contratación de todo tipo de servicios sin necesidad de estampar una firma en un contrato. La simple grabación telefónica en la cual el usuario acepta las condiciones es suficiente para darse de alta en servicios de telecomunicaciones como el móvil o el ADSL así como en otros como los televisivos, la electricidad o el gas.
Sin embargo, aunque esta opción parece muy cómoda para el usuario supone un arma de doble filo para sus intereses. Los abusos por parte de las compañías a la hora de imponer cláusulas o productos no solicitados en sus contratos de las cuales no informan vía telefónica a los usuarios han sido denunciados en numerosas ocasiones, tal y como demuestran las estadísticas sobre reclamaciones interpuestas por parte de los consumidores.
Con el objetivo de velar por los intereses de los ciudadanos, el Gobierno estudia la posibilidad de modificar su normativa y eliminar la posibilidad de contratar servicios a través del teléfono. Las facilidades que existen a día de hoy para acceder a su contratación a través de Internet, donde el consumidor puede ver de forma detallada qué se incluye en el contrato que aprueba, provocan que la medida no suponga un problema a la hora de hacerse con los servicios de estas compañías.
Sin embargo, en el ámbito de las telecomunicaciones de forma más específica tendría otra consecuencia importante. Con esta prohibición se pondrían fin a las conocidas contraofertas que hacen los operadores de ADSL o móvil cuando un usuario pretende portar su línea a otra compañía. A pesar del cambio en la última regulación para facilitar las portabilidades en un día, los operadores siguen haciendo suculentas ofertas (generalmente descuentos en móviles o en la factura) para que el consumidor no se pase a las filas de la competencia.
Hasta finales de año no se espera que llegue una nueva legislación que a buen seguro contenta a los operadores emergentes pero que no será tan bien recibida por parte de los tradicionales, con más poder para contraofertar a sus usuarios. En cualquier caso, al margen de conseguir aumentar los niveles de competencia en el mercado, el Gobierno daría un paso al frente para poner fin a las prácticas abusivas que en ocasiones se dan a través de la contratación telefónica.
¿Qué os parece la medida que está estudiando el Ejecutivo?