El Gobierno pretende que los operadores vigilen las descargas en Internet

La idea de controlar Internet a través de los operadores de telecomunicaciones vuelve a estar sobre la mesa del Gobierno. Después del fracaso evidente de la Ley Sinde-Wert el Ejecutivo se plantea un cambio inminente y drástico en su lucha contra las descargas en Internet.

Como venimos advirtiendo en el último mes, el Gobierno ultima su particular reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para intensificar su batalla perdida contra la llamada «piratería» en Internet. Mucho se ha hablado hasta el momento de un posible enfoque de cara a facilitar el cierre de webs de enlaces a través de una intervención directa del Ministerio de Cultura obviando a la Comisión creada por la Ley Sinde para tal fin.

Sin embargo, en las últimas horas hemos sabido que el Ejecutivo pretende dar un papel clave a los operadores en su reforma. Como señala un artículo de la periodista Pilar Portero, el decreto ley que se prepara reforma la norma de enjuiciamiento civil «para poder identificar a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de la propiedad intelectual con fines comerciales».

Así, la intención sería que compañías como Movistar, Orange, Vodafone, Jazztel u Ono sean responsables -a raíz de una orden judicial- de identificar a los clientes «que sean proveedores de contenidos y no hayan respondido a los requerimientos de Cultura por la demanda de infracciones de propiedad intelectual».

La medida parece que no iría destinada a que controlasen a sus clientes de banda ancha como sucede en otros países como Reino Unido o Irlanda, en el cual son los encargados de detectar a los usuarios de redes P2P para amenazarles con desconectarles si continúan intercambiando archivos con derechos de autor.

En cualquier caso, este papel no gusta a los operadores, que prefieren estar centrados en sus función, que no es otra que la de proporcionar conexión a Internet a sus clientes. Como ya se vio hace casi dos años, estas compañías rechazaron el plan de la Comisión Europea para que protagonizasen la lucha contra las llamadas «descargas ilegales«. «El plan de Bruselas nos impondrá responsabilidades y costes adicionales e impactará negativamente en la privacidad de las comunicaciones de los consumidores europeos, algo contrario a la actual legislación comunitaria«, defendieron entonces los operadores.

A partir de la próxima semana se espera que se presente el nuevo anteproyecto. El Gobierno asegura que tendrá en cuenta las posturas de todas las partes implicadas, pero habrá que ver cómo logra cuadrar sus intenciones con el más que probable rechazo que sufra por parte de los operadores y las críticas por parte de los internautas, hartos de que no se propongan alternativas más constructivas que la censura en la Red.