El frágil hilo sobre el que se sostienen los estudios contra la piratería en España

Hace unos días conocíamos las «preocupantes» cifras sobre «piratería» en España aportadas por la Coalición de Creadores. Como viene siendo habitual, desde esta organización subrayan las trágicas consecuencias negativas, pero acercarnos al modus operandi a la hora de recabarlas nos permite hacernos una idea más real sobre ellas.

«España es uno de los países más piratas del mundo». Sobre esta sentencia gira el discurso de la industria cultural y del entretenimiento en nuestro país y en otros como EEUU desde hace años. Para ello aportan cifras escandalosas, siendo las últimas las presentadas por la Coalición hace unos días. En ellas aseguraban haber tenido un «lucro cesante por piratería en 2012 de 1.220 millones de euros, se podrían haber creado 24.766 nuevos empleos directos y el Estado hubiese ingresado 494,7 millones de euros».

Un artículo de Antonio Delgado explica el modo en que se obtienen las cifras y estos informes a través de encuestas que difícilmente pueden corresponderse a la realidad de forma exacta. Para empezar hay que reseñar que el informe publicado por el lobby de esta industria en nuestro país no aporta la ficha técnica del estudio encargado a la consultora independiente GfK. Tan solo se menciona que se ha realizado «una encuesta a internautas de panel GfK de 50.000 panelistas con captación personalizada», lo que no define con exactitud quiénes han sido los encuestados.

Tras ser cuestionado al respecto, Marcos Jiménez, responsable del estudio, apuntó que de las 3.262 encuestas a sus panelistas se habían validad 2.571. La muestra representativa es fiable, pero en cambio menos definidos han sido sus resultados. Así, GfK no ha incluido en las preguntas términos como «pirata» o «ilegalidad» para no condicionar sus respuestas, pero sí ha relacionado ilegalidad con redes P2P o webs de enlaces, servicios ambos de plena legalidad en nuestro país.

A esto hay que sumar la dificultad que entraña intentar calcular las pérdidas que producirían estas descargas y lo que implica en térmios de «empleos directos». De un tiempo a esta parte cada descarga por las citadas vías se contabilizaba como copia no vendida, pero en la última encuesta se ha optado por comparar el importe de lo descargado y preguntar a los encuestados qué comprarían exactamente si no pudieran acceder gratuitamente. Así se ha llegado a la conclusión de los citados 1.220 millones de euros frente a los 5.000 millones que se apuntaban en estudios anteriores.

Para añadirle más dificultad a la hora de hacer estos cálculos, en la encuesta no se pregunta la nacionalidad de los contenidos descargados, por lo que no se sabe si son productos culturales o de entretenimiento españoles o del mercado internacional. Así, resulta casi imposible saber cuál es la cadena de valor de la industria más afectada. Lo mismo sucede con los casi 25.000 empleos que se asegura se crearían sin que hubiese «piratería», ante lo que el responsable del estudio admite no saber con exactitud qué es considerado un «empleo directo».

En definitiva, continúan las pocas luces y muchas sobras en torno al discurso de la industria respecto a la «piratería». ¿Hasta cuándo seguirán apoyándose en este tipo de informes cuya fiabilidad es dudosa según incluso el propio Gobierno de EEUU?