Desde el pasado 27 de noviembre, el Gobierno de España puede cerrar páginas web. El Real Decreto-ley 14/2019 del 31 de octubre permite al gobierno, un órgano ejecutivo, cerrar una página web por motivos de seguridad o si se están generando graves problemas económicos u operativos, donde se puede incluir la piratería. Actualmente ya podían «recomendar» el cierre de webs, pero no se puede saber el nombre de quienes lo hacen.
Seis personas pueden hacer que una web cierre, pero no se pueden conocer sus nombres
Este tipo de cierres sólo se harán si en primer lugar ha sido un juez el que ha decretado el cierre de una web operada por la misma persona o si es un nuevo dominio de la misma, como por ejemplo fueron newpct y newpct1. Actualmente, El organismo encargado de gestionar los cierres es la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Cultura, y que empezó a operar en marzo de 2012 tras la aprobación de la Ley Sinde que posteriormente fue la Ley Sinde-Wert.
Sin embargo, el Gobierno no está cumpliendo con los principios de transparencia, y no está publicando los nombres de los seis miembros de ese organismo que, actualmente, puede solicitar la retirada de contenidos de páginas web, e incluso su cierre si infringen los derechos de propiedad intelectual, previa solicitud de uno de los afectados por ese tipo de actividad.
El Ministerio de Cultura y Deporte está presidido actualmente por el ministro José Guirao, al cual le asisten seis personas: dos vocales de Cultura, dos de Economía y Empresa, uno de Justicia y otro de Presidencia. Sin embargo, no se han publicado los nombres ni de sus antecesores ni de los miembros actuales, de manera que no se puede saber quienes son las personas que actualmente deciden el cierre de algunas webs, como es el caso de grantorrent.com. Sólo en 2013 se supo el nombre de los miembros tras publicarse en medios. Desde entonces no se sabe nada.
Según la Ley de Transparencia, deberían conocerse sus nombres
Maldita.es solicitó el listado hace medio año amparándose en una resolución del Consejo de Transparencia, pero todavía siguen sin conocerse, ya que el Gobierno se ampara en que es necesario proteger su privacidad para el correcto desarrollo de las funciones de la comisión. Sin embargo, el Consejo de Transparencia no percibe que conocer ese listado pueda «entorpecer la labor de prevención, investigación o sanción».
El Gobierno, por desgracia, puede hacer lo que quiera en materia de transparencia, ya que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno fue aprobada en 2014, y cinco años después no establece ningún tipo de sanción por su incumplimiento. Además, la Administración tampoco está obligada a cumplirla, por lo que no tienen ningún incentivo.
David Bravo@dbravoRecordemos que yo pedí sus nombres dentro de un procedimiento y se negaron. Les dije que entonces cómo podría recusar a algunos de ellos y entonces ya me los dieron pero advirtiéndome que si los revelaba me denunciarían.02 de abril, 2024 • 16:58
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David Bravo solicitó conocer los nombres de los miembros en 2012, pero se lo negaron. Luego preguntó que cómo podría presentar una recusación contra ellos, y le amenazaron diciéndole que le denunciarían si publicaba esos nombres. Esto impide saber por ejemplo si los miembros son partes interesadas en las denuncias de copyright, ya que por ejemplo pueden tener intereses en una discográfica o una distribuidora.
