¡Golpe al taxi! La CNMC pide derogar el Real Decreto contra los VTC que usan Uber y compañía
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado que han acordado requerir al Consejo de Ministros que se deroque el Real Decreto contra las VTC. Según el organismo regulador de la competencia, existen restricciones a la competencia en él; y ya se alertó al respecto en el mes de noviembre, pero en diciembre de 2017 se aprobó el Real Decreto manteniendo las fuertes restricciones a la competencia que había identificado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha vuelto a desgranar las restricciones. Una de ellas es la prohibición de comerciar con las licencias durante dos años; y respecto a esto aseguran que es una prohibición que desincentiva la entrada de nuevas empresas, en tanto que en el plazo de dos años no tienen capacidad de abandonarlo. Además, con la misma medida aplicada por el Real Decreto se limita la liquidez del mercado secundario de las licencias, luego se restringe el acceso a más empresas, algo que también repercute a los usuarios.
La CNMC pide al Gobierno derogar el Real Decreto contra las VTC
Además de las restricciones anteriores, señaladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se destaca que los titulares de las VTC tienen obligación de comunicación a un registro administrativo sobre los datos de cada viaje, antes de ser realizado. Y que esto supone una barrera de movilidad geográfica para las compañías basadas en las licencias VTC. Respecto a lo mismo añaden que no hay justificación para que se cree un registro nacional donde se establezcan los servicios antes de ser realizados, y que se podría registrar a posteriori.
Con todo esto, desde la CNMC han vuelto a poner de manifiesto su preocupación por la regulación sobre el sector de los servicios VTC. Especialmente por las restricciones a la competencia que existen, que no sólo perjudican a las empresas del sector sino que dañan también a los consumidores y usuarios. Y por eso se ha requerido la derogación del Real Decreto aprobado el pasado 29 de diciembre.