La SGAE ha estado siempre en el punto de mira de la sociedad española por sus diversos tejemanejes y actividades que han acabado en manos de la justicia, siendo la más reciente el procesamiento de Teddy Bautista y Jose Luis Rodríguez Neri por saquear la SGAE desviando dinero a empresas falsas. Hace unas horas Anticorrupción pedía 7 años de cárcel para Bautista y 12 años para Neri.
La SGAE se mirará con lupa a partir de ahora
Y es que a nadie le gusta esa situación. Los autores no están a favor de la actual gestión de la SGAE y planean incluso crear una nueva sociedad, mientras que el Gobierno no quiere que se vuelva a repetir un caso como el que se está juzgando ahora. Por ello, el Consejo de Ministros va a acordar este viernes una serie de medidas.
En concreto, van a elaborar un anteproyecto de ley que tiene como objetivo incorporar las normas de las entidades de gestión de derechos de autor de la Unión Europea. Así, uno de los principales cambios tiene que ver con una mejora del gobierno interno, la transparencia y la rendición de cuentas.
Podrían llegar nuevas sociedades extranjeras en el futuro
Además, cada entidad debe tener un órgano de control interno que supervise los órganos de gobierno de la sociedad en cosas como la repartición de los ingresos o la ejecución del presupuesto. A efectos prácticos, esto actuará como una auditoría constante de todo el dinero que gestiona la sociedad, y estará formado por personas independientes. Por último, se tendrá que elaborar un informe anual de transparencia.
Estos cambios llegan en un momento especialmente sensible para la SGAE, con los casos Saga y Rueda abiertos sobre las gestiones anteriores, y con la inestable gestión actual de José Miguel Fernández Sastrón, que superó ayer una moción de censura por la mínima con 20 votos a favor y 18 en contra.
Por otro lado, y tal y como plantearon una serie de músicos hace unos meses, se abre la puerta a que se creen nuevas sociedades de gestión de derechos sujetas a la misma regulación que a partir de ahora tendrá la SGAE. Además de otros gestores independientes, también podrían prestar servicios en territorio español otras sociedades establecidas fuera de España. Veremos si esto último no supone un vacío legal para que nuevamente haya sociedades que cometan delitos.