Entra en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: Nos podrán “pinchar” el móvil entre otras cosas

Hoy entra en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con algunos cambios que comprometen al máximo el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Aunque no han sido las novedades más sonadas que introduce ni las más mediáticas, lo cierto es que merece la pena saber los motivos por los que nos podrán “pinchar” el móvil o instalar troyanos para espiar los ordenadores.

El eterno debate entre seguridad y privacidad adquiere una nueva dimensión en España con la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los Gobiernos siempre “han aprovechado” para limitar libertades y derechos en pos de reforzar la seguridad de los ciudadanos. Esta nueva Ley introduce algunos cambios que dan cobertura legal a la interceptación de las comunicaciones electrónicas de todo tipo y sea cuál sea el dispositivo utilizado.

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De esta forma, el juez podrá autorizar la interceptación de las comunicaciones de teléfonos u ordenadores cuando se den alguno de estos supuestos: el delito conlleva más de tres años de prisión, esté cometido por un grupo u organización criminal o esté relacionado con el terrorismo. El problema llega cuando la Ley permite que sea el ministerio de Interior el que ordene a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la intervención de las comunicaciones privada. Esto se consentirá en casos de “urgencia” o cuando esté relacionado “con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”.

Nunca se había permitido en España

Hasta la fecha, nunca se había permitido en nuestro país la intervención de las comunicaciones sin una orden judicial. Aunque existe obligación de comunicarlo al juez en el plazo máximo de 24 horas, este podrá confirmar o no la medida del ministerio en un plazo de 72 horas. Pese a ello, la Policía tendrá casi tres días para recabar información hasta tener una respuesta de la justicia.

Aunque el Juez deniegue el acceso, ya se habrá conseguido mucha información que no podrá utilizarse como prueba pero sí servirá para seguir con las investigaciones. Además, ningún operador de telecomunicaciones podrá negarse a facilitar la labor de la Justicia y deberán mantener el secreto la petición judicial. Deberán enviar información relativa  a la dirección IP, código IMEI o IMSI que permita identificar a una persona.

Policías encubiertos en la red

La Policía será ahora un nuevo actor dentro de la red ya que esta Ley les permitirá “patrullar” con autorización para enviar e intercambiar entre sí archivos ilícitos relacionados con su investigación. También podrán grabar conversaciones con las personas investigadas aunque se produzcan en su domicilio.

El juez podrá autorizar la instalación de troyanos en los ordenadores, móviles u otro equipamiento sin conocimiento del usuario. Este es uno de los puntos más polémicos de la nueva Ley ya que se podrá autorizar en cualquier supuesto con el único requisito de que el delito se haya cometido a través de una tecnología de comunicación.