Parece el cuento de nunca acabar. La compra de Jazztel por parte de Orange vive un nuevo capítulo tras conocerse la decisión de la Comisión Europea de denegar la supervisión de la operación a la CNMC. La aprobación definitiva de la compra se deberá autorizar antes del 30 de abril.
En septiembre de 2014, Orange anunció que lanzaba una oferta de compra por Jazztel por 3.400 millones de euros, todo parecía bastante claro y beneficioso para ambas partes. Al menos, eso es lo que intuían los directivos de la operadora naranja y Leopoldo Fernández Pujals, máximo accionista de Jazztel, quien dio el visto bueno a la oferta de compra, a expensas de la decisión de los organismos reguladores.
Dada la magnitud de la operación y el paso que supondría para la integración del mercado de telecomunicaciones en España, con Movistar, Orange, Vodafone agrandándose aún más con respecto al resto de pequeñas operadoras, la luz verde para dicha compra debía ser aprobada o bien por Europa o bien por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España.
Tras las peticiones realizadas en reiteradas ocasiones por la propia CNMC, de evaluar y decidir sobre el caso, la Unión Europea parece no estar muy por la labor de ceder un ápice su postura inicial. Hoy mismo, Bruselas ha decidido denegar a España la supervisión de esta operación sobre el mercado de telecomunicaciones, alegando que los organismos comunitarios poseen una mayor experiencia en operaciones de este tipo y además se encuentran en una mejor posición para el análisis y la evaluación de sus variables.
Una operación que puede tardar 3 meses en autorizarse
La CNMC amparaba su petición en el reglamento de concentraciones de la Unión Europea, que permite a un Estado miembro poder solicitar de forma completa o parcial un asunto de estas características para su supervisión, si los efectos provocados en la competencia se limitan a un ámbito doméstico. Pero al parecer, la UE reconoce que la compra de Jazztel por la filial española de Orange provocaría un nuevo escenario en el sector de las telecomunicaciones en España que tendría además su impacto a nivel comunitario.
El sí o no de la Comisión Europea al respecto de un tema que empieza a durar demasiado debe producirse hasta el 30 de abril. Para esa fecha, esperemos conocer la decisión final de Bruselas y ver si finalmente decide vetar o autorizar la operación y qué condiciones plantea.