La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informa de que ha comenzado los primeros trámites de un expediente sancionador contra el operador de telecomunicaciones Telefónica. Desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2013, Telefónica podría haber estado incumpliendo algunas condiciones sobre las líneas alquiladas.
El problema que se plantea contra Telefónica, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tiene que ver con conflictos en su relación con BT (CNF/DTSA/2494/2013) y Jazztel (CNS/DTSA/1250/2014). Según informa el organismo regulador de la competencia, la relación entre estos operadores de telecomunicaciones se habría llevado a cabo incumpliendo, por parte de Telefónica, varias resoluciones de revisión de la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas Terminales de Telefónica (ORLA).
En el expediente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha iniciado contra Telefónica, se contempla el cierre de conflicto planteado por parte de BT en contra de Telefónica, al mismo tiempo que se incorpora una consulta planteada por Jazztel con respecto al mismo asunto. El contratiempo por el que se ha iniciado un expediente contra Telefónica, aclara la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, atañe directamente al incumplimiento, por parte de Telefónica, de las condiciones de provisión de los circuitos de Internet.
Según explican en su comunicado público, los presuntos incumplimientos contemplados en el expediente habrían podido ser reiterados entre los años 2010 y 2013 y habrían afectado a varios operadores durante este período. en la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas Terminales de Telefónica (ORLA) se regulan las condiciones para las líneas alquiladas de Telefónica, que son utilizadas para conectar, bajo un ancho de banda garantizado y simétrico, las redes troncales de Telefónica con el domicilio final de los «clientes empresa», además de conectar centrales OBA y estaciones base de telefonía móvil.
La Comisión Nacional e los Mercados y la Competencia ya ha explicado que este es sólo el comienzo de un expediente, pero la demostración de los hechos podrían constituir una infracción «de carácter muy grave». En cualquier caso, el resultado final de la investigación no tendría por qué estar ligado a la incoación de este expediente, por lo que se abre ahora un período de hasta 12 meses para la instrucción de dicho expediente y la resolución del mismo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.