El Gobierno ha aprobado la reforma de la LPI y su tasa Google sin contar con nadie

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha salido adelante con los votos del partido que ocupa en estos momentos el Gobierno. Estos han aprobado la reforma sin contar con nadie ni mantener ni una sola reunión con las entidades afectadas y representantes de Internet.

La Coalición Prointernet, de la que el Grupo ADSLZone forma parte, ha publicado un comunicado donde pide que se suspenda la entrada en vigor de la LPI, prevista para enero de 2015, ya que podría llevar a España a un “precipicio digital”. Este grupo ha mantenido contacto con los principales grupos parlamentarios pero el Gobierno no ha querido escuchar ninguna de sus ideas y propuestas. Ayer os explicamos cómo nos afecta la recién aprobada reforma de la LPI.

Este organismo insiste en que debe paralizarse la aplicación de la nueva LPI y más concretamente el polémico artículo 32.2 que establece el canon AEDE o tasa Google. Exigen al Gobierno que abra una verdadera mesa negociadora con todos los medios y entidades afectadas y no decida cosas de manera unilateral sin contar con la opinión de todos los afectados. Bueno, contar ha contado con la opinión de los medios AEDE y ha excluido a cientos de blogs, empresas, instituciones y organismos que son una parte muy importante del Internet de nuestro país.

RUEDA DE PRENSA DE JOSÉ IGNACIO WERT

España podría caer en un “precipicio digital” si se sigue adelante con la nueva LPI. No son pocas las empresas españolas y las multinacionales que han mostrado su voluntad de abandonar el país en caso de que se pongan en marcha estas medidas, lo que puede resultar realmente catastrófico para nuestra economía. El caso más sonado es el de Google News, que podría cerrar en España, convirtiéndonos en un terrible ejemplo para el resto del mundo.

La Coalición Prointernet no es la único organización que rechaza la aplicación de estas medidas. Otras como la CNMC o la CEOE, has expresado su malestar con la reforma aprobada con el Gobierno. Todas coinciden en señalar el importante perjuicio económico para el país y exigen más dialogo con todas las instituciones afectadas.