Reino Unido legaliza la copia privada mientras en España se apuesta por limitarla

Tras varios años de debate, Reino Unido aprobará por fin el derecho a la copia privada de CD y DVD. Se trata de un paso importante en el país británico, puesto que hasta ahora no era legal. La noticia contrasta con el esfuerzo del Gobierno español por delimitar este concepto.

Junio de 2014 es la fecha en la que finalmente será legal realizar copias privadas de CD, DVD y otros medios físicos en Reino Unido. De este modo, se pone fin a un debate que ha durado años en el país británico, uno de los pocos de Europa donde no se reconocía este derecho hasta ahora.

Tal y como detalla en la guía para informar a sus ciudadanos de la reforma legislativa, la Oficina de la Propiedad Intelectual señala que «se permitirá realizar copias privadas de medios que se hayan adquirido, tanto para propósitos privados como cambios de formato o copias de seguridad«. «Gracias a estos cambios podrás hacer una copia a un dispositivo de un libro o película que hayas comprado sin infringir los derechos de autor», señala el comunicado.

Desde el Ejecutivo británico se defiende que la reforma de la ley «beneficiará a las compañías eliminando barreras y costes», por lo que no supondrá ningún perjuicio a los titulares de derechos de autor. Asimismo, el comunicado indica que los sistemas anticopia pueden ser denunciados ante la Secretaría de Estado en caso de ser demasiado restrictivos.

La diferencia respecto a España

La noticia contrasta con el camino tomado en España respecto a la copia privada. Aunque se trata de un derecho existente desde hace años, la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual propuesta por el Gobierno va destinada a reducir este concepto respecto al existente hasta ahora.

En concreto, el Gobierno pretende limitar el derecho a la copia privada de forma exclusiva a «reproducciones de CD o DVD comprados y grabaciones de fuentes de televisión o radio para visionado o escucha posteriores». Este cambio en la LPI es visto como el intento por parte del Ejecutivo de limitar la compartición de copias a través de Internet mediante redes P2P o cyberlockers, ya que este tipo de copias quedarían al margen de la ley.