La industria discográfica endurece su lucha en los tribunales para acabar con las descargas a través de redes P2P. El último episodio tiene lugar en Irlanda, donde importantes multinacionales presionan al segundo operador del país para que instaure un sistema de avisos que amenace a los usuarios de estas redes.
Irlanda se ha situado como el escenario en el que las grandes compañías de la industinfraria discográfica buscan instaurar a toda costa medidas intimidatorias contra los usuarios de Internet para acabar con la denominada «piratería«. Hace cuatro años la asociación IRMA, que defiende los intereses del sector en el país inició un proceso contra el operador Eircom para que implementase medidas antipiratería y logró que actuase en contra de los intereses de sus propios usuarios.
El operador y la IRMA acordaron un sistema de rastreo de internautas para proceder a avisarles en caso de detectar descargas de contenidos con derechos de autor. En caso de reincidir, la solución pasa por la desconexión de dichos usuarios.
El acuerdo animó a las discográficas a obligar a implantar estos métodos a otros operadores y fijó como siguiente objetivo UPC, el segundo operador en número de usuarios del país. Sin embargo, en octubre de 2010 un tribunal determinó la ilegalidad de las desconexiones de usuarios de P2P.
Las discográficas continuaron rastreando la actividad de los usuarios
Pese a ello, la industria no perdió la fe en su intento de aplicar estas restrictivas medidas para perseguir a los usuarios y continuó rastreando su actividad. Según Irish Times, durante noviembre del pasado año espió a usuarios de la red de UPC y detectó más de 7.000 infracciones que fueron comunicados al operador. Con esta prueba en la mano, ha pedido de nuevo a UPC que aplique un sistema de avisos con sus usuarios para frenar este tipo de infracciones de su propiedad intelectual.
Lejos de mostrarse conforme con la petición, UPC continúa rechazando esta posibilidad dado que afectaría a la libertad de expresión de sus usuarios. La respuesta de la IRMA no se ha hecho esperar y de nuevo ha acudido a los tribunales para que se implante un polémico sistema que considera «efectivo» en el caso de los usuarios de Eircom ya que apenas el 0,2% de los usuarios han tenido que ser desconectados.
En abril se conocerá la respuesta del tribunal en el que ahora se encuentra el caso, aunque presumiblemente las dos partes alarguen un proceso cuya resolución marcará un antes y un después en la lucha contra las descargas en el país.