El Gobierno ultima la ley con la que criminalizará el P2P en España

El Gobierno ultima la ley con la que criminalizará el P2P en España

Redacción

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual entre en su fase final. Según las últimas informaciones, el Gobierno se prepara para presentarla previamente a su envío a las Cortes para su aprobación. Acabar con el intercambio de archivos vía P2P es una de sus prioridades.

El Consejo de Ministros anunciará de forma inminente la nueva reforma de la LPI. Tal y como señala La Vanguardia, el Ejecutivo pretendía aprobarla hace unos días, pero tensidones de última hora han provocado su retraso. Éstas habrían estado protagonizadas por entidades de gestión de derechos de autor, críticas con el proyecto por el monopolio que en teoría concederá a la SGAE.

Sin embargo, este aspecto no es el que más preocupa entre los internautas. Desde la Secretaría de Estado de Cultura se ve el texto legal como «el más importante» en materia de propiedad intelectual y lucha contra la «piratería». Para ello «adecuará» los conceptos de copia privada y canon digital y esto afectará de lleno a la actividad de muchos usuarios en la Red.

La conocida como Ley Lassalle proponía la ilegalización del intercambio de archivos en redes P2P tras su modificación en la definición de copia privada. En la modificación del anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros en marzo del 2013 se redujo esta consideración a la «copia realizada por un particular de un material adquirido en los términos legales que el proveedor fijase». Por ello, los contenidos que circulan en redes peer to peer pasaban a ser ilegales y por tanto esta práctica se podría perseguir.

¿Cómo se actuará contra los internautas?

pirateriaLo que cabe plantearse es el modo en que se comenzará a perseguir a los usuarios. Es de esperar que en la reforma legislativa que afecta a la propiedad intelectual se incluya algún mecanismo, pero está por ver cómo se ejerce esta nueva batalla contra la «piratería«. No sería de extrañar que se adopten fórmulas como las ya vistas en países como Francia o Reino Unido, en los cuales se rastrea la actividad de los usuarios y se les conmina a dejar de descargar contenidos con copyright en caso de detectarlo.

En nuestro país, por ahora, el único caso de persecución a un usuario de este tipo de redes se conoció hace un mes, cuando un tribunal exigió al operador R la desconexión de un usuario. Finalmente la compañía no llevó a cabo esta orden por la imposibilidad de localizar a la persona tras el nick nito75. ¿Se intensificarán este tipo de órdenes judiciales a raíz de la inminente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual? Estaremos pendientes de los próximos Consejos de Ministros ya que todo apunta a un anuncio cercano.