Nuevo portazo de los tribunales españoles a Nintendo en su lucha contra lo que considera "piratería". Aunque la compañía japonesa ha logrado que en algunos países se prohíba la venta de los llamados cartuchos flash para su portátil Nintendo DS, no sucederá lo mismo dentro de nuestras fronteras. La insistencia en la persecución de éstos por parte de la gran N es que son capaces de ejecutar copias de juegos en sus videoconsolas portátiles, pero ésta no es la única función que tienen y ahí radica la clave para entender la postura de nuestros jueces.
En esta ocasión ha sido la Audiencia Provincial de Oviedo la que se ha pronunciado sobre un caso que se remonta al año 2009. Fue entonces cuando a petición de Nintendo, la Administración de Aduanas de Avilés retuvo una partida de cartuchos flash para Nintendo DS importados por la tienda Alechip. La acusación de la compañía nipona aseguraba que éstos vulneran su propiedad intelectual y decidió demandar al propietario de la tienda.
Nintendo solicitaba prisión y una fuerte multa
En junio de 2010 nos hicimos eco de la pena solicitada por Nintendo para el dueño de Alechip: 23 años de prisión y 840.000 euros de multa por "delitos continuados que serían defraudación de la propiedad industrial y revelación de secreto". Sin embargo, un año más tarde y tras estudiar el caso, el juzgado número 1 de Avilés decidía desestimar la demanda de Nintendo y absolver al acusado. La sentencia del magistrado fue clara "Convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar múltiples tareas absolutamente lícitas, como pueda ser el manejo de fotografías, ejecutar juegos de libre distribución no diseñados para consola, escuchar música, etc. [...] no constituye una infracción a los derechos protegidos por la legislación sectorial privada".
En el caso de la Audiencia Provincial de Oviedo no se entra al fondo de la primera sentencia absolutoria, sino que la ratifica al considerar que no existen argumentos jurídicos suficientes para un nuevo proceso. Así pues, parece un movimiento definitivo que legaliza esta práctica en nuestro país.
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