La semana pasada nos hacíamos eco de la decisión del Tribunal Supremo por la que admitía a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la AI en el que se solicitaba la impugnación del reglamento de la polémica norma antidescargas bautizada como Ley Sinde-Wert por la comunidad internauta. Se trata del último movimiento legal para intentar frenar una ley llena de controversia y con la que el Gobierno pretende proteger la propiedad intelectual a base de cerrar páginas de enlaces a contenidos protegidos con derechos de autor.
En dicho recurso se recuerda que la "ley afecta a la sensibilidad democrática al crear una comisión que estaría por encima de las decisiones judiciales", remitiéndose al poder que se da a la Comisión de la Propiedad Intelectual -organismo administrativo encargado de cerrar las webs- y a las anteriores sentencias judiciales que han declarado legales estas páginas. Sin ir muy lejos, en el día de ayer un tribunal declaraba legal una de las primeras webs que ya han sido señaladas por la industria para ser denunciadas. CineTube era declarada legal por un tribunal de Álava al no cometer ningún delito.
No obstante, esto no alterará los planes del Gobierno, tal y como ha confirmado el propio Wert. "Va a entrar en vigor el 1 de marzo porque la admisión a trámite no tiene ningún efecto suspensivo", ha subrayado el ministro en su intervención en los desayunos organizados por el Foro Nueva Economía. Asimismo, ha vuelto a recordar que "fijamos la acción de la administración en las webs de enlaces y descargas, no en los usuarios finales", por lo que los usuarios de P2P no serán perseguidos como sucede en otros países con legislaciones antipiratería.
Por tanto, la cuenta atrás ha comenzado de forma definitiva. Desde que se conociesen los planes del anterior Gobierno a finales de 2009 para legislar en esta materia de una forma tan controvertida, la entrada en vigor se ha dilatado en el tiempo mientras hemos asistido a un amplio debate y a polémicas como las presiones por parte de Estados Unidos y su industria para que nuestros políticos pusiesen en marcha esta norma.
Igualmente, hemos asistido a numerosos ejemplos que demuestran la nulidad de la ley una vez sea aprobada. Los medios para burlarla son múltiples tanto por parte de las páginas como por parte de los propios usuarios. En cualquier caso, su entrada en vigor a pesar de los precedentes judiciales y de encontrarse impugnada en los tribunales vuelven a demostrar a qué intereses responde el Gobierno. A partir del 1 de marzo las descargas continuarán pero una ley que choca frontalmente con varios derechos entrará en vigor.
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Que vergüenza de gobierno tenemos tanto