El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, anunció recientemente que la ley antidescargas iniciará el proceso de cierre de páginas webs "en las próximas semanas". Para ello ha de constituirse aún el organismo administrativo creado por dicha norma, la Comisión de la Propiedad Intelectual, que atenderá las supuestas vulneraciones en los derechos de autor de aquel que considere que una web infringe su propiedad intelectual.
Sin embargo, existe una posibilidad que frenaría la puesta en marcha de la controvertida norma. La AI ha impugnado ante el Tribunal Supremo el Reglamento de la Ley Sinde por considerar que se otorgan competencias a dicha comisión que la Ley española considera que deberían estar asignadas a los jueces. La asociación cree que la norma "establece infracciones difusas". Otro de los puntos que le ha llevado a tomar esta decisión es la "notable inseguridad jurídica" que provoca la ley al establecer "sanciones sin la habilitación legal precisa".
En juego está, según la iniciativa, los derechos fundamentales de los ciudadanos, de forma más concreta, los recogidos por el Artículo 20 de nuestra Constitución: el derecho a la libertad de expresión y de información. También se considera que Reglamento de la norma contradice algunas de las sentencias dictadas por el propio Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Estos son suficientes motivos para que la AI considere "imprescindible" la suspensión de la puesta en práctica de la ley antidescargas, a pesar de haber sido aprobada por una amplia mayoría parlamentaria con los votos de PSOE, PP y CiU.
¿Actuará el Tribunal Supremo para retrasar la entrada en vigor de esta controvertida ley? Desde su creación, la llamada Ley Sinde creó un amplio debate en la Red por los hechos recogidos en la iniciativa que ahora trata de paralizarla. No han sido pocas las sentencias judiciales en nuestro país que han declarado legales las páginas de enlaces que ahora pretende perseguir y cerrar una comisión administrativa.
Sin embargo, las presiones de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos o de lobbies como el de la industria cultural y del entretenimiento han llevado a la clase política española a ceder en favor de sus intereses y aprobar una norma que, por otro lado, puede ser inútil porque las características técnicas de Internet impiden que vaya a lograr sus objetivos. Las descargas seguirán existiendo y no es éste el modo más acertado de intentar frenarlas.
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cuanto dinero y chorros de tinta gastados en algo que ya se sabía. Y todo por seguir haciendo sangría y sacar dinero.