La presión de las compañías de contenidos en Internet así como la mostrada por la comunidad internauta y organizaciones en defensa de los derechos de los ciudadanos parece haber surtido efecto en Estados Unidos. Las reacciones ante el proyecto de ley fueron muy críticas por este lado, por lo que el Congreso decidió frenar la ley SOPA y "no votarla hasta unificar criterios con el Senado".
Incluso el propio impulsor de la controvertida norma, Lamar Smith, reculó en sus intenciones, al proponer la retirada de este proyecto de la opción para bloquear el acceso a sitios web sospechosos de vulnerar la propiedad intelectual. Vistas las críticas recibidas por parte de gigantes de la Red como Google o Facebook, el republicano quiso rectificar un poco su postura, ya que ésta podría desembocar en que esta ley llegase a servir como excusa para bloquear servicios como el buscador o las redes sociales en las que los usuarios son los encargados de aportar contenidos.
Aunque su nueva propuesta elimina la posibilidad de obligar a los operadores a bloquear a sus clientes el acceso a los sitios web que se consideren infractores, no se ha borrado de la misma la opción que abre las puertas a que la Administración pueda ordenar el bloqueo de dominios de sitios infractores (algo que ya sucede como muestra el caso Rojadirecta).
Los más críticos con SOPA y PIPA (otro proyecto de ley en la misma línea pero que se está discutiendo en el Senado) argumentan que esta norma puede ser peligrosas y suponer un freno a la innovación en la Red, así como un ataque a la privacidad y a los derechos de usuarios y creadores de contenidos. El choque con la propia Constitución y el derecho a la libertad de expresión parece evidente, por lo que el Gobierno de Estados Unidos ha decidido tirar del freno de mano y recapacitar.
Sin embargo, resulta muy llamativo que mientras en su territorio opte por reflexionar y buscar nuevas vías para solucionar el conflicto con la propiedad intelectual en la Red, en otros países como España sea el Gobierno de EEUU uno de los más insistentes para la aprobación de leyes antipiratería que también buscan perseguir a las webs de contenidos. La Ley Sinde-Wert es el más claro ejemplo: una norma que pretende cerrar páginas web en las que se enlacen a contenidos con copyright aunque no los alberguen y, en caso de que éstas estén alojadas en territorio extranjero, se bloquee el acceso a las mismas. La similitud con SOPA es evidente, a pesar de lo cual el país norteamericano, su Gobierno y su industria insistió con energía en la necesidad de aprobar la norma española (y otras como, por ejemplo, la ley antipiratería sueca en su momento).
¿Por qué el Gobierno español optó por seguir al dictado las órdenes lanzadas desde EEUU y no reflexionó para crear una norma desde el consenso? ¿Estamos ante un caso flagrante del clásico "consejos doy, que para mí no tengo" por parte de la clase política estadounidense?
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Porque son los que mandan y hacen lo que les da la gana y nosotros los borregos que obedecemos