De todos son conocidas las presiones de industrias como la discográfica, cinematográfica o de los videojuegos para que los distintos gobiernos del mundo aprueben leyes antipiratería. Su discurso se amplifica a través de los medios de comunicación de masas aludiendo a las presuntas pérdidas multimillonarias que les provocan las webs de enlaces o los intercambios de archivos. La Ley Sinde-Wert y toda la campaña emprendida por este sector para pedir su aprobación es todo un ejemplo.
Sin embargo, en algunos casos estas compañías son capaces de ir un paso más allá. Es el caso de Irlanda, donde hemos conocido que la discográfica EMI ha optado por emprender acciones legales ante la que consideran "pasividad" del Gobierno del país a la hora de atajar la llamada "piratería". El Alto Tribunal irlandés ha recibido la demanda por parte de la compañía en la que se señala al Gobierno, a pesar de que recientemente decidió que optaría por perseguir las páginas de enlaces en lugar de a los usuarios de redes P2P como era su intención en un primer momento.
EMI no parece conforme con esta decisión, tal y como ha comunicado su portavoz, Willie Kavanagh. Desde la compañía se espera que la aplicación se retrase de nuevo y no sólo ponen su punto de mira sobre el Ejecutivo, sino que también quieren hacerlo sobre los operadores que no procedan a bloquear el acceso en sus conexiones a las webs que en su opinión deban ser bloqueadas por contribuir a la "piratería".
No es la primera vez que esta industria presiona en dicho país. En 2010 ya abrió un caso contra el operador UPC por no tomar medidas antipiratería. Otro operador como Eircom, sin embargo, sí cedió a sus presiones y optó por aplicar su particular sistema de los tres avisos con la amenaza de desconexión a los usuarios de P2P que descargasen material con copyright. Kavanagh cree que esta medida "está funcionando increíblemente bien" y considera que es el ejemplo a seguir por el resto de operadores.
Dado el carácter internacional de este sello, no sería de extrañar que adoptase medidas similares en otros países. ¿Procederá, por ejemplo, a actuar contra el Gobierno español en caso de no conseguir frenar la "piratería" con la Ley Sinde-Wert? ¿Insistirán estas compañías en la persecución a los usuarios de P2P?
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