La ministra de Cultura en funciones, Angeles González-Sinde, vuelve al ojo del huracán a pesar del poco tiempo que le resta en su cargo. La AI ha presentado un escrito en el que denuncian con nuevas pruebas el conflicto de intereses por ocupar su cargo y su apoyo a entidades como la SGAE, investigada por la conocida trama de corrupción.
Los años de González-Sinde al frente del Ministerio de Cultura llevan camino de pasar a la historia marcados por intensas polémicas. A su controvertida ley antidescargas se le une un conflicto de intereses siempre denunciado por impedir ejercer su cargo con la imparcialidad que se requiere. La AI siempre estuvo detrás de esta acusación hacia la ministra y ahora ha presentado nuevas pruebas por este motivo.
En este caso, las pruebas hacen referencia al caso de corrupción destapado en el seno de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hace unos meses. Según esta asociación, la ministra habría mostrado de una forma «patente e interesada» una «dejadez de funciones en las tareas propias de su cargo público». Entre ellas se recuerda que su Ministerio está obligado a vigilar y supervisar la actuación de las entidades gestoras de derechos de autor.
El informe presentado por López Vilas en el que se exponían las causas y consecuencias del deterioro de la SGAE asegura que el Ministerio ha fallado en los «mecanismo de tutela» a la hora de velar por que la gestión de derechos de autor «se efectúe de forma eficiente en razón a la protección a la propiedad intelectual». También se tiene en cuenta a la hora de denunciar el conflicto de intereses de González-Sinde el hecho de ignorar el informe elaborado por Luis Cobo Alvarez en el que se desvelaban irregularidades en la SGAE por parte de las empresas perseguidas en la Operación Saga (SDAE y Microgénesis).
González-Sinde, socia de la SGAE durante los años en los que ha sido ministra, ha hecho caso omiso de estas acusaciones, lo que vendría a demostrar las acusaciones de la AI. La asociación también subraya la respuesta del Ministerio de Cultura a este último informe, declarándose «incompetente» para dirimir el asunto planteado, algo que parece no encajar con sus teóricas funciones.
Así pues, la ministra dejará su cargo bajo la sombra que le ha seguido en su periplo en este tiempo: un claro conflicto de intereses entre su ámbito privado (el mundo del cine, su pertenencia a la SGAE, etc.) y su función pública como ministra, como también han evidenciado las suculentas partidas económicas destinadas a la subvención del séptimo arte en España.