Mientras en la mayor parte del mundo occidental sigue creciendo la política represiva contra las descargas y visualizaciones no autorizadas encabezada por los diferentes gobiernos e incitada por la industria cultural, como si la Novena Cruzada se tratare, Suiza parece haber tomado un camino completamente opuesto al llevado a cabo por la mayoría.
El gobierno del país alpino ha decidido seguir permitiendo la descarga de música y películas, sin ningún tipo de consecuencia legal. Y para dar a conocer su postura, ha realizado una nota donde explica las razones de dicha decisión: “Cada vez que la tecnología se hace accesible, siempre ha habido “abuso”. Es el precio que pagamos por el progreso. Los triunfadores serán aquéllos que sean capaces de usar la nueva tecnología para su provecho y los perdedores quienes pierdan el tren del desarrollo y continúen siguiendo los viejos modelos de negocios”. Toda una llamada de atención hacia la industria.
¿Qué le ha llevado a tomar tal “sorprendente” decisión? Simplemente hacer caso a los diferentes estudios sobre el impacto de la piratería en la industria, gracias a los cuales, el gobierno suizo se ha dado cuenta de que a pesar del crecimiento de la piratería, la industria no tiene por qué estar perdiendo dinero.
La base de dicha conclusión proviene de un estudio realizado el año pasado por el gobierno de los Países Bajos sobre el comportamiento de consumo entre los habitantes suizos, ya que se considera muy similar al de los holandeses. Dicho estudio revelaba que un tercio de la población suiza mayor de 15 años se descargaba de manera no autorizada música, películas y videojuegos. Sin embargo, ese mismo tipo de gente no gastaba menos dinero en la industria de la cultura y el entretenimiento, sino que lo invertía en otros títulos, películas o formatos musicales. En otras palabras, que la piratería, simplemente, amplía el contenido consumido y nunca resta lo adquirido por compra. La piratería, en definitiva, como complementario al consumo tradicional.
Incluso, el estudio revelaba que las descargas ilegales no hacían otra cosa que incentivar el consumo, ya que quienes se confesaban haber adquirido contenidos de manera no autorizada, sentían mucho más atracción por las novedades en videojuegos o acudían a más conciertos que quienes se ajustan al consumo tradicional, al tiempo que se ampliaba el abanico de grupos capaces de llegar a los hogares, lejos de la industria musical.
Para apoyar más aún su decisión, el gobierno suizo hace referencia a la poca eficacia de las políticas antipiratería llevadas a cabo en otros países, incluso a costa de gastar grandes cantidades de dinero, como la ley Hadopi de Francia, que ha costado más de 12 millones de euros de las arcas públicas pagadas por ciudadanos y ciudadanas; una cifra que Suiza considera demasiado alta. Más aún cuando pone en duda si dicha ley se ajusta a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, cuyo Consejo ya ha clasificado la ley como una medida desproporcionada.
Por todo ello, el gobierno de Suiza no ve necesario un cambio en su actual política en torno a las descargas no autorizadas, que no es otra que la de permitir su consumo sin ninguna consecuencia legal. Si bien en otros aspectos de la política no lo es en absoluto, Suiza podría convertirse en este caso en un espejo donde mirarse el resto de países.
¿Tomará ejemplo el Gobierno del PP en España?
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