El regulador ha alertado a las Administraciones Públicas locales porque los ayuntamientos al ofrecer Internet de forma gratuita están perjudicando seriamente a los proveedores de servicios de Internet y puede ser contraproducente para la competencia activa del sector. Resumiendo, es preferible que los usuarios paguemos antes de que nos podamos beneficiar de conexiones Wireless gratuitas. Estas advertencias se producen después de que el regulador se haya visto obligado a expedientar recientemente a varios ayuntamientos por prestar servicio Wi-Wi gratuito sin contar con autorización previa.

De hecho, la Comisión explica en su publicación que la intervención de las Administraciones en el mercado de las telecomunicaciones es un fenómeno se ha acelerado con la irrupción en el mercado de tecnologías como Wi-Fi.

Los ayuntamientos de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra) fueron expedientados por la CMT la pasada primavera por ofrecer a sus ciudadanos, sin autorización, acceso gratuito a Internet mediante Wi-Fi.

Las iniciativas de los ayuntamientos de Atarfe y Ponteareas provocaron las denuncias de Atarfe TV y de la propietaria de un ciber-café del municipio gallego, al entender que la prestación de un servicio público de Wi-Fi gratuito entorpecía la libre competencia de mercado.

Los riesgos implícitos en la prestación de este servicio por parte de las Administraciones Públicas se ve acrecentado por el hecho de que el Wi-Fi es capaz de "sustituir en cierta medida" a otras tecnologías de acceso a Internet más "tradicionales", como el cable, el ADSL o el LMDS, "de forma rápida, económica y con calidades y prestaciones equiparables a las ofrecidas por los operadores establecidos".

Este problema podría agravarse con la próxima llegada del Wi-Max, una tecnología inalámbrica de funcionamiento similar al Wi-Fi, pero que ofrecerá un ancho de banda muy superior y un alcance de hasta 50 kilómetros.

La CMT advierte de que el artículo 8.4 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones le da potestad para imponer a los operadores públicos "condiciones especiales" cuando su actuación ponga en peligro el mantenimiento de la competencia efectiva.

El regulador asegura que "es fácil imaginar" que una Administración caiga en la "tentación de imponer precios públicos o, en todo caso, precios más bajos de los que aplicaría un inversor privado", lo que en su opinión podría "dificultar o impedir la inversión eficiente y la innovación tecnológica".

Añade que "hay que tener en cuenta que el inversor privado necesita, al menos, amortizar su inversión inicial".

Según el regulador del mercado, la prestación de un servicio con carácter gratuito o a precio inferior al que establecería el mercado es un "caso claro de financiación pública de la actividad, ya que la Administración no estaría recuperando los gastos generados por la prestación del servicio".

Las previsiones realizadas por las principales consultoras especializadas, recogidas en un estudio elaborado hace unos meses por el Grupo de Análisis y Prospectiva del sector de las Telecomunicaciones (GAPTEL), promovido por la entidad pública empresarial Red.es, apuntan a una "explosión" de la tecnología Wi-Fi a partir de este año.

Pyramid Research preveía que el número de usuarios de Wi-Fi en todas sus formas (puntos de acceso públicos y privados) podría alcanzar en todo el mundo los 700 millones de personas en 2008, mientras que Gartner vaticinaba hace unos meses que el número de hot-spots (puntos de acceso) públicos alcanzaría los 150.000 en 2005 En Europa, IDC espera que los ingresos de los hot-spots (puntos de acceso instalados en lugares públicos) alcanzarán en 2007 los 1.400 millones de dólares (1.077 millones de euros al cambio actual).