La solución para compensar a los artistas porque sus contenidos circulen por redes P2P podría ser imponer una tasa razonable a las conexiones de banda ancha en lugar de perseguir a los usuarios. Así parecen opinar ahora en Francia, donde se ha propuesto una tasa de 2 euros para ello en lugar de la existente ley antidescargas.
Desde hace tiempo venimos hablando de las posibles vías para compensar a los artistas por la pérdida de ingresos directos por venta de sus contenidos gracias a la difusión de sus obras a tarvés de redes P2P como eMule o BitTorrent. Los nuevos tiempos que se viven gracias a Internet requieren nuevas soluciones ante este conflicto de intereses y derechos y tanto los gobiernos como la industria cultural han demostrado su nula adaptación a la actual era.
Por este motivo han visto en la compensación a través de tasas a los soportes y dispositivos electrónicos, así como la creación de restrictivas y censoras leyes antidescargas la solución al problema. En el caso del gravamen impuesto a productos tecnológicos los propios tribunales han admitido lo arbitrario y abusivo de éste, ya que no todos los dispositivos que el usuario compra están relacionados con la copia privada.
Por lo que respecta a las leyes antidescargas, al margen de su demostrado fracaso, han sido creadas siguiendo los intereses del sector y en casos, por ejemplo, como el español, saltándose las sentencias judiciales ya dictadas respecto a los presuntos infractores (las páginas web de enlaces en este caso). Otro modelo es el que persigue directamente a quienes intercambian archivos con copyright a través de redes P2P. Este tipo de leyes están vigentes en algunos países como Francia, donde las críticas han sido múltiples ante la ineficacia de la norma y las lagunas legales que entraña.
Precisamente desde el país galo llega una propuesta más efectiva a la hora de compensar a los creadores e implicaría la abolición de la llamada Ley Hadopi. Como leemos en Nación Red, la política socilista francesa Martine Aubry ha propuesto que «en lugar de prohibir las descargas avancemos en la idea de contribuir todos con 1 o 2 euros cuando abonamos la factura mensual por la conexión a Internet».
La idea no es nueva, pero parece una de las primeras veces que desde el sector político se hace una propuesta razonable. Dudamos de que finalmente se lleve a cabo la acción propuesta por la cerrazón de la industria, pero la medida no tiene una aplicación imposible ni mucho menos y a buen seguro serviría a los agentes implicados para adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar económicamente el potencial de la difusión de sus contenidos en Internet.
¿Pagarías 2 euros más al mes al margen de tu conexión para que las descargas sean consideradas legales?