El número de usuarios demandados por haber descargado contenidos protegidos con derechos de autor a través de la red BitTorrent sigue creciendo. Desde enero de 2010 ya se han contabilizado más de 200.000 internautas sólo en Estados Unidos que habrían sido demandadas, lo que equivale casi a la población de todo un municipio español como Granada.

El portal Torrentfreak.com recoge la cantidad de internautas perseguidos y demandados por la industria cultural en el último año y medio en Estados Unidos. Las demandas masivas han pasado a ser una práctica habitual por parte de las grandes compañías, que ven en las redes de intercambio de archivos un enemigo al que combatir en defensa de la propiedad intelectual y los derechos de autor.

La cifra de demandados en el país norteamericano supera ya a núcleos urbanos españoles como Pamplona, Almería o Santander (por debajo de los 200.000 habitantes según los registros de 2010) y se aproxima a ritmo acelerado al de poblaciones como Granada u Oviedo.

Amenaza de elevadas sanciones económicas

Durante los últimos meses nos hemos hecho eco de la persecución que sufren estos usuarios de la red P2P. La industria cultural consigue con estas demandas ingresos económicos a pesar de que la mayoría de las mismas son desestimadas en los tribunales. Las compañías se ponen en contacto con los usuarios con la amenaza de hacer llegar su infracción de la propiedad intelectual a los tribunales, donde podrían enfrentarse a una sanción económica de 150.000 dólares (algo más de 105.000 euros). Sin embargo, se les da la opción de pagar cantidades cercanas a los 3.000 dólares para evitar este proceso y muchos usuarios acceden a pagar por miedo a enfrentarse a la posible multa en los tribunales.

Hace tan sólo una semana nos hicimos eco del fracaso de la productora de la película "Los Mercenarios", que demandó a más de 20.000 usuarios por descargarla. Sin embargo, el 99% de los acusados no serán juzgados dado que el tribunal ante el que se presentó la demanda no es competente para hacerlo al estar la mayoría fuera de su jurisdicción. A pesar de este fracaso todo apunta a que las demandas continuarán y quién sabe si acabarán persiguiendo el equivalente al número de ciudadanos que habitan ciudades como Madrid dado el gran número de usuarios de la red P2P.

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