La propiedad intelectual continúa siendo una de las banderas que el Ministerio de Cultura no duda en agitar siempre que tiene ocasión. Para su supuesta defensa en Internet, el Ejecutivo sacó adelante la Ley Sinde con el apoyo de PP y CiU, partidos que también consideran que con esta norma para cerrar páginas webs legales para la Justicia española se verá solucionado el problema que suponen las presuntas pérdidas millonarias que sufre la industria cultural por culpa de la llamada "piratería".
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual que la ONU aprobó 10 años atrás sirvió de excusa al Ministerio de Cultura para ensalzar las bondades de su ley. "Es hora de dar un paso más y prestar una especial atención a las formas de explotación de contenidos culturales surgidas por el desarrollo de Internet", defendió en el manifiesto publicado en su página web durante esta conmemoración.
Para el ministerio presidido por Ángeles González-Sinde, la controvertida norma da "las máximas garantías jurídicas para la explotación de los contenidos culturales" y permite una "cultura sostenible". Curioso que las "máximas garantías judiciales" pasen por ignorar las numerosas sentencias dictadas hasta ahora por la Justicia, en las que se declaraban perfectamente legales las webs con enlaces a contenidos externos, ya sean en servidores de descarga directa, de visualización en streaming o en redes P2P.
El Gobierno considera que gracias a su norma se sentarán "las bases para un nuevo modelo económico" y se logrará "una disminución notable de las prácticas de vulneración de los de derechos de propiedad intelectual en España, para garantizar el crecimiento de un sector económico especialmente importante, que abarca casi el 4% del PIB". De este modo, espera que su iniciativa "reduzca paulatinamente la presencia en la Red de contenidos que vulneren los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que aumenta la oferta legal".
Estas previsiones han sido calificadas por el propio ministerio como "optimistas". Razón en ello no le falta, porque pensar que conseguirá cambiar determinados aspectos de la oferta en Internet gracias a una ley censora es de una inocencia máxima. La propia industria cultural es la que debería adaptarse a los nuevos tiempos que corren en la Red y plantear una oferta amplia y accesible, teniendo en cuenta cómo ha variado el acceso a la cultura en los últimos años gracias a Internet y respetando siempre los derechos de los ciudadanos.
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