Según los datos del "Observatorio de piratería y hábitos de consumo" presentado por la Coalición de Creadores, el 78,6% de los contenidos digitales distribuidos en España no contaría con la autorización de los titulares de los derechos de autor. Este porcentaje es un 3,4% mayor que del año anterior.
Para completar el escándalo de cifras aportado, la Coalición asegura que mientras la industria cultural generó un "negocio legal" de 1.510,9 millones de euros en la segunda mitad de 2010, el valor de los contenidos "pirateados" en este mismo periodo multiplicaría esta cifra casi cuatro veces, situándola en 5.562,1 millones de euros. Para realizar este cálculo, una vez más se ha optado por dar el mismo valor de precio a un producto descargado que a uno no comprado, por lo que, por ejemplo, un disco de un grupo que cuesta 20 euros y es descargado sin pagar por ello equivale a 20 euros que dejarían de percibir las compañías, una forma de contabilizar que muchos consideran sesgada e injusta.
Tal y como publica El País, por tipos de contenido, la música sería la más afectada por la "piratería" con un 97,9%. Le seguirían el cine con un 75,8% y los videojuegos con el 66,2%. Asimismo, la Coalición destaca el "preocupante" aumento de las descargas en el sector del libro con un 43,5%. Sin embargo, el director del grupo de presión, Andrés Dionis, tuvo que admitir que aunque no existiera la llamada piratería en estos porcentajes, la industria no vendería los citados 5.562 millones de euros.
Alarmismo para defender una ley que persiga al usuario
La estrategia que vuelve a mostrar la Coalición con la publicación de este informe es la de alarmismo para que el Gobierno obedezca sus plegarias y acabe por endurecer la Ley Sinde. Durante el acto de presentación del informe, este grupo de presión formado por entidades de gestión, entre otras la SGAE, y sectores de la industria musical como Promusicae, denunció que la ley antidescargas tiene "graves carencias" porque "no castiga las conductas". Además, se han quejado de la tardanza en el cierre de páginas web, prevista por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, para septiembre pero que desde la Coalición no se espera hasta finales de año.
Dicho de otro modo, lo que la Coalición quiere es un sistema similar al que existe en países como Reino Unido o Francia. En el país vecino existe la llamada Ley Hadopi que amenaza a los usuarios con desconectarles de Internet si descargan este tipo de archivos tras tres avisos. En la actualidad aún no ha sido desconectado ningún internauta ya que aún se encuentra en la segunda ronda de avisos, pero en apenas unos meses se esperan las primeras desconexiones.
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Que se vayan a hacer gárgaras con la regla de su p.madre