«El despliegue de una red de fibra óptica en dicho municipio está afectando a la competencia en dicha zona al estar utilizando ayudas públicas en su prestación». Bajo este argumento, Movistar solicitó a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la suspensión del despliegue de fibra óptica del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), que permite a sus ciudadanos navegar a 100 Mbps.
Las redes públicas financiadas por los ayuntamientos vuelven a ser noticia. A través de una resolución publicada por el organismo regulador de las telecomunicaciones en nuestro país, la CMT, hemos conocido que el ex monopolio abrió un proceso el pasado mes de noviembre contra el proyecto de fibra FTTH del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona).
Mediante un escrito, Telefónica solicitó que «se adopte como medida cautelar la suspensión del despliegue de la red de fibra óptica proyectada por el mencionado Ayuntamiento, así como de la posterior prestación de servicios de comunicaciones electrónicas hasta la resolución del procedimiento administrativo para garantizar la eficaz intervención de esta Comisión».
Telefónica no quiere que «otros desplieguen fibra»
El operador se muestra así en contra del modelo de infraestructura que ha desplegado el Ayuntamiento de Viladecans, que beneficia a los vecinos del municipio. A través de fondos públicos se financia el despliegue de la red, que posteriormente el consistorio alquila a otras operadoras. De este modo, Adamo y Orange han accedido a la red y ofrecen a los vecinos conexiones de alta velocidad a precios más que competitivos. Orange ofrece desde el pasado mes de diciembre la mejor conexión en nuestro país, con 100 megas simétricos por 29,90 euros al mes.
Cabe preguntarse por qué Telefónica no dedica su esfuerzo a la inversión en infraestructuras más allá de municipios muy puntuales, o incluso a alquilar las redes de estos ayuntamientos para proveer de mejor acceso a Internet a los usuarios, en lugar de invertir en estos costosos procesos administrativos.