Según publica El País, el Partido Socialista no ha tenido más remedio que abrir un poco las puertas de su ley antidescargas para recabar el apoyo necesario en el Senado, cámara donde comenzarán los trámites el próximo 15 de enero después del fiasco sufrido la semana pasada en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso.
Ya se ha bautizado la norma como "Ley Sinde 2.0" y será una versión revisada aunque no exhaustivamente de la norma ya que el Gobierno insiste en "no traspasar algunas líneas rojas". La más importante de ellas es que desde el Ejecutivo se pretende que todo el proceso de cierre de webs se haga de una forma "eficaz" y rápida (en un plazo máximo de un mes y medio). "Pensamos que la total judicialización no sería eficaz", señalan fuentes de la Moncloa. El argumento esgrimido para saltarse todo el proceso judicial es que "las vulneraciones de los derechos de autor en las que incurren las páginas web de descargas y enlaces se concentran en los días posteriores al estreno de una película o la publicación de un disco o un libro". De ahí la urgencia por parte del Gobierno a la hora de actuar.
La postura del Ejecutivo se complementa con no querer "arremeter contra el usuario como demandan algunos sectores del mundo de la creación" (concretamente el lobby de la industria cultural, la Coalición de Creadores) y con la negativa a suprimir el canon digital, "en sintonía con nuestra interpretación de la reciente sentencia del tribunal de Luxemburgo".
Alianza con el Partido Popular
Con estas directrices, el PSOE buscará la colaboración del PP para aprobar la norma. El grupo popular se reunirá a partir de la próxima semana con el portavoz socialista, José Enrique Serrano para acercar posturas con los populares. Desde el PP ya se ha declarado su compromiso por "proteger la propiedad intelectual" pero no a cualquier precio. Por ello, el Gobierno habrá de ceder en alguno de los puntos claves de la norma: o en la adecuación del canon a la sentencia de la UE, en el tiempo del proceso para cerrar webs o en la introducción de una instancia de arbitraje.
Vista la apertura de posturas entre los principales grupos parlamentarios es muy probable que las posturas se acerquen al punto de sacar adelante la norma sin que se modifique uno de los aspectos claves: la figura del juez en el proceso. El Gobierno insiste en sacar la ley contra viento y marea y a corto plazo. Si la oposición accede será un nuevo ejemplo de la ignorancia de la clase política hacia la comunidad internauta, con argumentos pero sin representantes reales en las Cortes.
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