Sinde prefiere no hacer declaraciones sobre las presiones de EEUU para acabar con el P2P en España

Sinde prefiere no hacer declaraciones sobre las presiones de EEUU para acabar con el P2P en España

Redacción

No sabe, no contesta. Esta parece la opción elegida por la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, para aclarar el escándalo revelado por WikiLeaks hace unas semanas y en el que se confirmaba que la ley creada en España para combatir el intercambio de archivos sigue las directrices marcadas por Estados Unidos.

El silencio con el que ha «aclarado» la polémica la ministra de Cultura en torno a la Ley Sinde no puede ser entendido sino como una estrategia que evidencia la parte de verdad de la información publicada por WikiLeaks. Ni un desmentido, ni siquiera un ataque o acusación hacia la web que ha revolucionado el mundo de la información. La ministra Sinde prefiere callar y centrar sus declaraciones en los aspectos no tan vitales a la hora de legislar el país y los derechos de los ciudadanos.

«La ley del cine catalán es antinatural»

Leemos en el diario La Vanguardia la negación de unas supuestas afirmaciones que la ministra Sinde habría realizado respecto a la Ley del Cine Catalán al embajador estadounidense, Alan Solomont. En ellas, la ministra habría considerado tal ley como «antinatural» y «desequilibrada».

Sin embargo, Sinde se ha apresurado a desmentir tales manifestaciones. «Yo sinceramente no me reconozco en la reproducción que hace ese cable, no son esas mis palabras ni es ese mi criterio. Lo que comuniqué al embajador es que la descompensación de la versión original y el doblaje en nuestro país en relación con otros países de nuestro entorno no es la más lógica», apuntó la ministra.

Sorprende el contraste entre la rapidez con la que Sinde se ha pronunciado respecto a estas filtraciones y el mutismo con el que se ha tratado la información referente a la ley antidescargas española. La norma será aprobada en el Congreso de forma definitiva ignorando las numerosas peticiones por parte de la comunidad internauta para que, al menos, se elimine la posibilidad de cerrar páginas web sin la figura de un juez. El silencio y oscurantismo que ha acompañado a esta ley desde sus inicios continúa a pesar de haber desenmascarado los intereses a los que realmente obedece.

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