El año 2009 encaraba su recta final y se daban a conocer los primeros datos oficiales del proyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para acabar con la denominada "piratería" en Internet. Su plan pasaba (y sigue pasando) por sacar adelante una ley que, entre otras medidas, introducía la llamada Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano destinado a acelerar los trámites en el proceso de cierre de páginas web que contuviesen enlaces a archivos protegidos con derechos de autor en redes P2P como BitTorrent.
El proyecto de Ley de Economía Sostenible despertó durísimas críticas entre la comunidad internauta, que se apresuró a manifestar el rechazo a la norma dado que se legitimaba la pérdida de derechos en la Red de los usuarios en favor de un grupo indignado con el intercambio de archivos como es la industria cultural.
Un grupo de internautas se llegó a reunir con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, para mostrar su preocupación dadas las características del texto. Igualmente, partidos políticos en la oposición anunciaron su rechazo a la nueva medida. Entre los grupos en contra de la llamada Ley Sinde, Izquierda Unida, UPyD, ERC, PNV y Coalición Canaria.
"Donde dije digo, digo Diego"
Diez meses más tarde, la posición de estos dos últimos partidos ha variado notablemente a pesar de que entre los cambios en el texto que se dispone a aprobar de forma definitiva el Congreso no sugieren eliminación alguna de la polémica Disposición Final Segunda, la parte más criticada porlos usuarios de Internet ya que es la que contempla la citada Comisión de Propiedad Intelectual. Tal y como publicamos en su día, su rechazo era un hecho y como podemos leer en el blog de Enrique Dans, incluso se aseguró que estas formaciones no darían su voto a favor de este texto. Incluso Coalición Canaria se llegó a adherir al Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. El PNV tampoco puede presumir ahora de ser muy consecuente con su postura inicial.
La postura del partido mayoritario en la oposición, el Partido Popular, no ha cambiado mucho respecto a su opinión inicial y apenas ha propuesto enmiendas que varíen el rumbo final del texto, que no es otro más que la eliminación de la figura judicial para ceder la potestad de cerrar webs a un grupo de "elegidos" sospechosamente afines a la industria cultural.
Los derechos de los usuarios dan un paso atrás y las posiciones de los supuestos representantes bailan de forma arbitraria sin posicionarse casualmente del lado de los ciudadanos. La "burla a la democracia", como la denomina el propio Dans, es un hecho si no se hecha hacia atrás una parte de un texto. Quienes en su día la criticaron ahora la aplaudirán mirando hacia otro lado demostrando -por desgracia, una vez más- que la clase política renegó de sus principios hace ya mucho tiempo.
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son unos chaqueteros, con tal de recibir ayudas y tener competencias en diferentes sectores se venden al diablo.