Iniciativa per Catalunya ha sido el primer partido político que se ha pronunciado respecto al debate generado en torno a la posible desaparición de las tarifas planas de Internet. El diputado de este grupo Joan Herrera ha registrado una proposición de ley para proteger el acceso universal a la banda ancha y asegurar las tarifas planas.
La respuesta política al planteamiento mostrado por Telefónica el pasado lunes, en que afirmaba que el futuro de la Red pasa por la eliminación de las tarifas planas, no se ha hecho esperar. Joan Herrera ha presentado esta proposición de ley para modificar la actual Ley General de Telecomunicaciones con el fin de evitar que las compañías atenten contra la neutralidad de la Red y los derechos de los usuarios.
En la información publicada por Europa Press, Herrera afirma que el nuevo mercado que supone la banda ancha móvil goza de una «gran desregularización tarifaria y de servicios», por lo que ve necesario que el Estado proteja a los usuarios. El diputado advirtió que «el control de las descargas supondría un grave riesgo para la privacidad del consumidor», por lo que en su petición se encuentra expresamente el «asegurar la tarifa plana» y marcar tarifas máximas como sucede con la factura de la luz.
Herrera ha lamentado que esto suceda «en uno de los países donde el acceso a Internet es más caro para el usuario y con una oferta de velocidad mucho menor en comparación con la Unión Europea«. Por ello, el diputado aboga por el «acceso a velocidad suficiente» y que sea una ley la que obligue a los operadores a ofrecerlo ya que «el desarrollo de la sociedad de la información hace imprescindible el acceso funcional a Internet, como garantiza la ley general de telecomunicaciones al considerarlo como un servicio universal».
Con su propuesta, el grupo político pretende incentivar y aumentar el grado de penetración de la banda ancha en España, por debajo de la media europea. «Aún existen muchas limitaciones como en el caso de las conexiones fijas, ya que existen núcleos rurales de población excluidos de la sociedad de la información al no tener acceso a la banda ancha».
Falta por ver cómo responderá el resto de los representantes políticos y si prosperará la propuesta de ICV, pero parece un primer paso de la clase política en defensa de los usuarios de Internet que, al fin y al cabo, no dejamos de ser ciudadanos con derechos.