La Ley Antidescargas en Francia fracasa en su intento de castigar el P2P

La Ley Antidescargas en Francia fracasa en su intento de castigar el P2P

Redacción

Tras casi un año en vigor, la Ley Hadopi francesa, aprobada con el fin de castigar y frenar el intercambio de archivos protegidos con derechos de autor, aún no ha logrado éxito alguno. Las sanciones que preveían las desconexiones de los usuarios han brillado por su ausencia.

Según publica The New York Times, tres años después de la primera proposición por parte del Gobierno de Nicolas Sarkozy de crear una ley para acabar con las descargas ilegales  el resultado obtenido ha sido nulo y no se conoce internauta que haya sido privado de su conexión por descargar archivo alguno.

Después de dos años «cocinando» la que sería la legislación más dura contra el P2P, en septiembre de 2009 el Gobierno francés aprobaba la Ley Hadopi. A principios de 2010 la propia Administración contactaba con una agencia para implementar la ley, basada en el sistema de los tres avisos antes de la desconexión de los usuarios.

Sin aviso alguno hasta la fecha incluso desde el partido de Sarkozy han comenzado a proliferar las dudas sobre su eficacia. Tal es el caso de Jean-François Copé, que aseguró que su postura respecto a la piratería «ha evolucionado» desde que votase la ley. Por otro lado, Jean-Claude Larue, representante de un grupo editor de videojuegos, cuestionó el coste que supone rastrear en Internet archivos con obras «pirateadas». Según expresó al magazine L´Express, monitorizar 100 juegos costaría más de 400.000 euros.

Irlanda, primer país en avisar a sus internautas

Este elevado precio en la aplicación de una ley que a todas luces sería muy impopular para los intereses del actual Ejecutivo francés está frenando su implementación. Caso bien distinto es el de Irlanda, donde los primeros usuarios de P2P monitorizados en su actividad por los operadores ya han recibido la primera carta de aviso para que cesen en sus actividades.

Suecia es otro país donde se aprobó una ley similar, la Ley Ipred, pero hasta ahora los resultados han sido igual de nulos que en el país galo. Reino Unido también tiene su propia ley, la Digital Economy Act, pero tampoco ha comenzado a castigar a los usuarios. En el caso de España, la homóloga Ley de Economía Sostenible no entrará en vigor hasta 2011.

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