Sin embargo, el consenso parece poco claro ante esta ley. De hecho, con este proceso abreviado se evita el debate parlamentario en el que la oposición pondría trabas a su aprobación. Coincide, por otro lado, con la inminente disolución del parlamento británico, que se verá reconstituido tras las próximas, anunciadas por el primer ministro Gordon Brown para el próximo 6 de mayo.
El referente más directo de la Digital Economy Bill es la Ley Hadopi francesa. En el caso británico, la ley perseguirá a los usuarios que descarguen contenidos vía P2P con multas de hasta 50.000 libras (aproximadamente 56.000 euros) y el corte de la conexión tras una serie de avisos.
Esto último ha creado gran controversia ya que se cortaría la conexión al titular de la línea y no sancionaría a los particulares que hayan descargado contenidos a través de ella. Esto daría esperpénticos casos como la desconexión de lugares públicos como pudiesen ser bibliotecas o universidades. Además, tras la desconexión habrían de ser los titulares de las líneas quienes defendiesen su inocencia en un proceso legal sufragado por ellos mismos.
La ley también prevé actuar contra determinados sitios web que ofrezcan enlaces a contenidos protegidos con copyright. Al igual, se pretende obligar a los proveedores a monitorizar las actividades de los usuarios por si estos vulneran los derechos de autor. La multa en este caso ascendería a 250.000 libras (unos 280.000 euros).
La prisa que se ha dado el ejecutivo en intentar aprobar esta ley ha hecho que numerosos usuarios muestren su rechazo a las puertas del Parlamento. Otros grupos han utilizado la prensa, aunque también ha habido grupos favorables a la ley que han mostrado su apoyo en los tabloides británicos. A partir de las 15.30 hora local británica, el proceso de aprobación se dirimirá en la Cámara de los Comunes, aunque es más que probable que finalmente sean los tribunales de la Unión Europea quienes saquen adelante o no esta iniciativa.
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