El Gobierno pretende introducir modificaciones legales de prisa y corriendo, anticipando los estudios que está realizando el propio Parlamento a través de la Subcomisión de propiedad intelectual puesta en marcha el pasado verano por la comisión de Cultura del Congreso. A pesar de ello, con la repentina inclusión de la Disposición Final, se ha ninguneado al Parlamento en favor de las exigencias de la Coalición de Creadores que tratan de impedir que el poder judicial pueda pronunciarse con las debidas garantías sobre si alguien está violando la propiedad intelectual o no.
Objetivo: cerrar páginas por vía administrativa en cuatro días
La presión de los lobbys de la industria ha conseguido que el Gobierno prepare un reglamento que satisfaga sus necesidades. Cerrar páginas web que hasta el momento han sido consideradas "legales" por todos los jueces.
La ciudadanía tiene que ser escuchada y sus derechos e intereses deben ser defendidos por encima de todo. Por eso, desde hoy, cualquier ciudadano y ciudadana puede encontrar en la Web de Red-SOStenible una carta para poder dirigirla a las instituciones que consideren oportunas, pidiéndoles una cita para explicarles las demandas de la sociedad civil.
Además, Red SOStenible ha pedido cita al embajador de Estados Unidos, ante la fuerte presión ejercida por EEUU sobre el ejecutivo en defensa de los intereses de las multinacionales americanas.
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