La Comisión Europea quiere evitar que las subvenciones beneficien a un sólo operador y la competencia disminuya. Si por ejemploTelefónica recibe ayudas por parte de la Administración, tendrá que compartir su infraestructura durante siete años con otros operadores. Además, si pasa el plazo y el operador que ha desplegado la red mantiene una posición dominante, la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) podrá ampliar el período de tiempo.
Durante los siete años, el regulador se encargará de evitar prácticas anticompetitivas como precios mayoristas abusivos, retrasos en la provisión.. etc. Según Bruselas, es una buena forma de incentivar el desarrollo de las redes de nueva generación salvaguardando a la competencia.
Despliegue de fibra por zonas
En los casos donde no haya ninguna red de fibra, la Comisión Europea autorizará siempre que las Administraciones Públicas concedan subvenciones a los operadores. Si sólo hay una red, el regulador europeo estudiará el caso para permitir o no las ayudas en función de la oferta que exista.
Con este nuevo planteamiento, es probable que las operadores esperen ayudas por parte del Gobierno para desplegar fibra. En España, únicamente el ejecutivo asturiano se ha encargado de subvencionar una red de nueva generaición que permite navegar a 100 megas a precios asequibles.
En cualquier caso, no hay que ser demasiado optimistas. Según la propia CMT, en 2023 sólo tendrán fibra el 45% de los hogares españoles. Una cifra ridícula teniendo en cuenta que ya hay países europeos con más del 15% del territorio cubierto.
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No tiene el Gobierno dinero ni para pagar los subsidios por desempleo como para gastar miles de millones de euros en fibra. A lo mejor si en vez del 18% nos ponen un 30% de IVA podemos permitirnos estar a la altura de Lituania, Eslovenia y estos países tan punteros en banda ancha.