La Asociación de Internautas (AI), Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y, la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE) han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos publicados en diferentes medios de comunicación, sobre supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores.
Los denunciantes afirman haber conocido a través de informaciones de prensa que «en el seno de la Junta Directiva de la SGAE, existe una actividad económica con aparentes tintes delictivos». Y dicen estar obligados a presentar la demanda. Parece ser que el reparto de las recaudaciones de la SGAE se realiza de forma ilegal entre sus filiales, y no entre sus socios, como ordena el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual».
La AI explica que los directivos de SGAE «podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos». Según las noticias publicadas, «las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se han estado invirtiendo en actividades de lucro propio para los directivos de la SGAE, bien con su participación directa, bien con participaciones indirectas que lo favorecieron o, lo ignoraron deliberadamente».
También dice que su voluntad es «aclarar el entramado societario de la SGAE, de la participación sus socios y directivos en ésta, e incluso, a poner de manifiesto la subsidiaria culpa in vigilando del Ministerio de Cultura».
Hay que recordar, que La Sociedad General de Autores y Editores (sin ánimo de lucro) presentó sus cuentas: 318,8 millones de euros, un 6% más que el año anterior, batiendo su record de recaudación. Además continuan reclamando al Gobierno la Ley de Propiedad Intelectual para ampliar aún más sus ingresos. Ojalá se demuestren sus actos delictivos y por lo menos dejen de enriquecerse a costa de los usuarios.