La industria madrileña de la distribución de soportes y dispositivos de grabación y reproducción de música asumirá pérdidas anuales de alrededor de 35 millones de euros si el canon digital se aplica en las actuales condiciones que ha pactado el Ministerio de Industria con el Ministerio de Cultura.
Según recoge la Asociación de Internautas, los teléfonos móviles con dispositivos MP3 podrían duplicar su precio, de hecho serán los más afectados por el aumento de las descargas musicales. En un principio, el nuevo impuesto iba a gravar los CD, DVD, reproductores de MP3 y DVD, ordenadores portátiles, tarjetas de memoria para teléfonos móviles y cámaras digitales.
Dicha propuesta es un borrador de orden ministerial que regulará tanto el listado de equipos sujetos al canon como la tarifa de cada uno de ellos. En este borrador de orden, el ministerio que dirige César Antonio Molina Sánchez garantiza a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) compensaciones si no percibieran al menos 75 millones al año en concepto de canon digital, que gravará el precio de venta no sólo de los soportes físicos de grabación y reproducción de música y vídeo, sino también de los teléfonos móviles con MP3, un sistema que permite reproducir los archivos musicales que se descargan de la red.
Reacciones a la aplicación indiscriminada
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que la propuesta de tarifa actual que han pactado Industria y Turismo para aplicar el canon “nos vende, por una parte, pequeñas rebajas en dispositivos como los CD, que previsiblemente en los próximos años se van a utilizar menos, y, por otro lado, se gravan los dispositivos que hasta ahora no tenían canon”.
El presidente del PP, Mariano Rajoy ha prometido abolir el canon indiscriminado si gana las elecciones. Nos podemos imaginar a quien no votará la SGAE y el resto de sociedades de gestión de derechos de autor.
Bruselas, de acuerdo con Todoscontraelcanon
Además, en respuesta a la denuncia presentada por esta plataforma ante la Comisión Europea por la intención del Gobierno español de gravar tanto los soportes físicos de grabaciones de audio y vídeo como los equipos, el Ejecutivo de Bruselas ha explicitado su postura contraria a esta decisión. La Comisión Europea señala en esta carta su intención de regular la aplicación del canon privado para evitar la polémica situación legal actual en los Estados miembros.