El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), según fuentes del Ministerio de Industria. El polémico artículo 17 bis que dejaba en manos de las sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, la capacidad de solicitar a los prestadores de servicios de internet la retirada o bloqueo de contenidos en la red que ellas consideraran ilícitos, y sin necesidad de orden judicial desaparece.
La polémica, no obstante, está servida. Ayer por la tarde, La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) manifestó su indignación ante la retirada del citado artículo a través de un comunicado. Según esta organización, las medidas contempladas en dicho artículo «son esenciales para proteger los derechos de autor, y por tanto, la propiedad intelectual a través de internet, facilitando un mecanismo de comunicación y retirada de los contenidos que vulnerasen los derechos de autor
(Cinco Días) La FAP aseguró que su retirada «supone la pérdida de una magnífica oportunidad para mejorar la defensa de nuestra cultura» y apuntó que la reacción de la comunidad internauta «está injustificada.
Según explicaron ayer fuentes del Ministerio de Industria a este periódico, el Ejecutivo ha decidido retirar el citado artículo tras las fuertes críticas recibidas por parte de las operadoras de telecomunicaciones, que no querían convertirse en «vigilantes de internet» y de las asociaciones de internautas y portales de Internet que consideraban que dicho artículo vulneraba la obligación del mandamiento judicial para intervenir y bloquear contenidos en internet. Este colectivo reclama «que no es lícito que una entidad de carácter privado, como la SGAE, decida qué contenidos se pueden o no publicar».
Las fuentes citadas aclaran también que Industria ha decidido que el asunto de la piratería por internet «debe ser un tema que se acometa desde otro mecanismo más amplio que un artículo en una ley, aunque aún no está decidido cuál será». De momento, desde este ministerio se están manteniendo conversaciones con las distintas operadoras en busca de una solución al problema. Igualmente la patronal tecnológica Aetic ha enviado a las empresas afectadas una propuesta alternativa al borrador del nuevo artículo 17 bis, con el fin de consensuarlo con ellas y enviarlo posteriormente a Industria. Todo este trabajo servirá al Ejecutivo para tratar la cuestión en el futuro.
De momento parece que se normaliza la situación aunque no podemos bajar la guardia y es que las Sociedades de gestión de derechos de autor se llevan demasiado bien con el Gobierno.