La Unión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que incluya la nueva normativa aprobada en Bruselas sobre el sector de las telecomunicaciones, dirigida a una mayor protección del usuario contra la mala práctica de algunas compañías. El plazo había expirado el pasado 25 de mayo.
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El compromiso de la Comisión Europea con la banda ancha parece firme. Al menos eso se desprende de los últimos datos aportados por Bruselas, que confirman que durante el año 2010 aprobó ayudas estatales por valor de 1.806 millones de euros en todo el continente, lo que supuso más de 4 veces las ayudas en 2009. El objetivo es hacer que la velocidad mínima en 2020 sean 30 megas.

