Cerrar canales de la TDT en España podría salirle caro al Gobierno. Abertis reclama al Estado la responsabilidad patrimonial por estos nueve canales que se cerrarán según la orden dictada en mayo de 2014 por el Tribunal Supremo, una responsabilidad que alcanzaría los 143 millones de euros. El impacto, estiman, rondaría los 20 millones de euros al año por cada múltiplex con el 96% de cobertura.
La reclamación viene de parte de Cellnex, filial de telecomunicaciones de Abertis, y está relacionada con los nueve canales cerrados el pasado 24 de mayo. La decisión del Tribunal Supremo, apunta Cellnex, «tuvo un efecto negativo sobre la situación financiera». La cantidad máxima reclamada depende de la prolongación por que se mantenga el cese de las nueve emisiones, pero se vería truncada por el concurso de seis nuevos canales ya programado por el Gobierno. Y es que estas estimaciones se remontan al pasado mes de diciembre, por lo que sobrepasan los máximos posibles según la situación actual.
Cellnex prevé que sea a finales de este año, o principios de 2016, cuando se comiencen a emitir los nuevos canales. Y recuerda, con respecto a la reclamación, que no es de carácter judicial, sino que ocupa al ámbito administrativo. No obstante, y a pesar de las matizaciones que se han querido introducir ahora, Cellnex se propone «recuperar parte de los ingresos perdidos» por el cierre de los nueve canales, y lo hace sin confiar en que «los canales se reasignen de forma oportuna y beneficiosa».
Este movimiento por parte de la filial de telecomunicaciones de Abertis deja entrever la mano escondida, y la piedra que lanzaron en diciembre parece no ser conveniente ahora. Y es que, aunque la reclamación por vía administrativa pudo adelantarse en exceso, y por ello ahora no se ajusta a la realidad de la TDT, el Gobierno ha tenido gran culpa de esta situación habiendo prolongado las gestiones correspondientes durante más tiempo del necesario, además de haber tenido que rectificar sobre las asignaciones irregulares.