Miles de internautas siguieron en directo la comparecencia del presidente, las redes sociales como Twitter y Facebook echaron humo hasta que finalmente terminó la rueda de prensa y la "Ley Sinde" pasaba desapercibida.
¿Por qué ningún medio de comunicación preguntó al presidente?
En los últimos meses la repercusión mediática de la Ley contra las descargas ha sido espectacular, ríos de tinta se han escrito sobre González Sinde y sus planes para cerrar páginas, sin embargo, ningún periodista se acordó ayer. El presidente tampoco quiso acordarse y únicamente habló de la lluvia de millones que destinará para fomentar el empleo.
A pesar de que muchos internautas se encuentran de puente, en la red se está cocinando un auténtico tsunami para recordar a los políticos que un usuario es un votante y una ley como la que acaba de ser aprobada puede traer consecuencias políticas en las próximas elecciones. Ahora la pelota está en los partidos políticos de la oposición que tienen en su mano apoyar o no al ejecutivo.
Hasta el momento, PP, CiU, IU, CC y UPyD se han mostrado contrarios a la Ley antidescargas, sin embargo, no hay que olvidar que son muchos los intereses y pactos que llegan entre los diferentes partidos para conseguir apoyos.
En un acto de solidaridad con las páginas que pueden ser cerradas administrativamente, reproducimos el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet.
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
-- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
¡NO AL CIERRE DE PÁGINAS WEB!
A ver si al PP se le va la fuerza por la boca como de custumbre o no...
Al final habrá que salir a las calles, pero de forma coordinada. No es necesario con hacer una convocatoria a través de Internet, se ha demostrado en ocasiones anteriores que no es suficiente...